El Gobierno contempla que el 7 de junio haya territorios que concluyan la desescalada

El Gobierno contempla que para el 7 de junio, cuando vencería la quinta prórroga del estado de alarma que ha de autorizar este miércoles el Congreso de los Diputados, haya territorios que puedan haber concluido su plan de desescalada y vean que se levantan para ellos las restricciones a la movilidad, de manera que podrían viajar a cualquier otro punto del país. Esto implicaría que en determinadas zonas se avanza más rápido de lo previsto y sin esperar los 14 días establecidos en un principio entre fase y fase por parte del Ejecutivo.

Así al menos figura en el acuerdo adoptado este viernes por el Consejo de Ministros --al que ha tenido acceso Europa Press-- por el que el Gobierno solicita al Congreso de los Diputados que amplíe otros 15 días, hasta las 00.00 horas del 7 de junio, la prórroga del estado de alarma en todo el territorio nacional, decisión que debatirá y votará la Cámara Baja en el Pleno de este miércoles.

En un primer momento el Gobierno previó solicitar una quinta prórroga del estado de alarma, que esperaba que fuera la última, hasta el 27 de junio y de hecho esta posibilidad llegó a la mesa del Consejo de Ministros en su reunión de este martes, según pudo constatar Europa Press. Sin embargo, un acuerdo de última hora con Ciudadanos obligó a cambiar la fecha del decreto y volver a la prórroga de los 15 días habituales que venía hasta la fecha solicitando el Ejecutivo.

A pesar de este cambio, el acuerdo del Consejo de Ministros contempla "la pérdida de eficacia de las limitaciones a la libre circulación para aquellas unidades territoriales que hayan completado todas las fases de desescalada, de modo que será posible para las personas que se encuentren en ellas desplazarse a cualquier parte del territorio nacional, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran afectarles cuando se desplacen a aquellos territorios que aun no hubieran completado el proceso de desescalada".

Para que esto ocurra antes del 7 de junio, es preciso que ciertos territorios avancen más rápido de lo previsto si sus datos con respecto al control de la epidemia siguen evolucionando favorablemente, una posibilidad que contempló el doctor Fernando Simón, principal asesor del Gobierno en esta epidemia, el viernes pasado en rueda de prensa.

En la actualidad, sólo las islas canarias de El Hierro, La Graciosa y La Gomera, junto a Formentera, en Baleares, entraron este lunes pasado en Fase II, y, si se mantuviera el plazo recomendado de 14 días entre fase y fase, no concluirían la Fase III hasta el 14 de junio. Este viernes, en rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, volvió a defender que se respete este plazo porque permite medir el impacto del levantamiento de las restricciones en los contagios, dado que cubre el plazo máximo de incubación del virus antes de presentar síntomas.

Algunos presidentes autonómicos como el valenciano Ximo Puig han avanzado su intención de solicitar para su comunidad el paso a la Fase II a partir de la semana próxima, pese a que sólo el conjunto de este territorio entró en la fase 1 este lunes.

LA SOMBRA DE UN REBROTE PERMANECE

En el texto del acuerdo remitido al Congreso, el Gobierno argumenta que "la sombra de un rebrote todavía es posible, tanto por posibles cadenas de transmisión internas no identificadas o controladas hasta la fecha como por la posibilidad de importación de países en los que se transmita activamente el virus a medida que se van levantando las medidas de restricción de la movilidad nacionales e internacionales".

Una vez concluida la fase de transición hacia lo que el Gobierno ha denominado 'nueva normalidad', el Ejecutivo ya avisa en su acuerdo de que será necesario "la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y las medidas de autoprotección de la ciudadanía".

Tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia el sábado pasado en la que anunció que pediría una prórroga más, el ministro de Sanidad queda en esta prórroga como única autoridad competente delegada, poniendo fin a las funciones que hasta el momento venían desarrollando como tales los titulares de Interior, Defensa y Transportes.

El decreto introduce asimismo "la posibilidad de modular la aplicación de las medidas por parte de las comunidades autónomas, de modo que pueda asegurarse un constante ajuste de las mismas a la evolución de las distintas unidades territoriales".