El Gobierno estudia ofrecer una subida salarial para los funcionarios del 3,5% para 2023
Los sindicatos tienen además otras reivindicaciones de cara a la consecución de un acuerdo con el Gobierno, como la implantación de la jornada de 35 horas
Europa Press
El Gobierno está valorando ofrecer a los sindicatos un aumento salarial para los empleados públicos del 3,5% para 2023, y baraja otras fórmulas para compensarles este mismo año por el desboque de la inflación, según han indicado a Europa Press en fuentes sindicales.
El diario 'El País' publica este miércoles que esta oferta del 3,5%, sujeta a cambios en la negociación con los sindicatos, no tendrá una aplicación directa y estará condicionada al cumplimiento de una serie de variables macroeconómicas, como el crecimiento del PIB o el nivel de la inflación.
El objetivo que persiguen los sindicatos y que parece compartir Hacienda, según las fuentes consultadas por Europa Press, es lograr un acuerdo plurianual que, a lo largo del ciclo, compense a los funcionarios por el repunte de la inflación.
De hecho, las mismas fuentes apuntan a que Hacienda baraja un acuerdo a dos años (2023 y 2024), pero con posibilidad de revisar el salario de los empleados públicos antes de que finalice el año para compensarles, en parte, por el repunte de los precios.
A los empleados públicos se les subió el sueldo a principios de este año un 2% y la inflación sigue registrando tasas de dos dígitos (10,5% en agosto). De ahí que se estudie una posible subida salarial para este mismo año, tal y como solicitan los sindicatos, que quieren además que tenga efectos retroactivos.
CCOO, UGT y CSIF tienen además otras reivindicaciones de cara a la consecución de un acuerdo con el Gobierno, como la implantación de la jornada de 35 horas --a la que el Ejecutivo podría abrir la puerta--, la mejora de la promoción y la clasificación profesional, de las indemnizaciones por razón de servicio; el desarrollo y actualización del Estatuto Básico del Empleo Público; cambios normativos en materia de igualdad, la extensión de la jubilación anticipada al conjunto de los empleados públicos y la derogación de los recortes que se llevaron a cabo en el sector público a partir de 2010.
Para la consecución de estos objetivos, los sindicatos llevan meses movilizándose e incluso amenazaron con ir a la huelga (caso de CCOO) si no se lograba un pacto salarial con el Gobierno en el ámbito de la Función Pública.
