El Gobierno sigue sin ratificar el convenio de la OIT 189

El asunto a tratar en la convocatoria de prensa de hoy en el Ayuntamiento por el Defensor de la Ciudadanía de Granada, es la situación de las trabajadoras del hogar, un colectivo muy desprotegido, invisibilizado y poco valorado; pero sin embargo muy necesario e importante en el día a día.

Según ha explicado Manuel Martín García, existe una gran incoherencia. “Por una parte, son consideradas como trabajadoras esenciales durante la pandemia, y por otra, no es un trabajo con derechos plenos. De todo ello, queremos hablar hoy pues es muy necesario tomar conciencia, dar a conocer a la opinión la situación en que se encuentra este colectivo y denunciar la desprotección jurídica de las trabajadoras del hogar”.

Tal día como hoy, el 16 de junio de 2011, hace exactamente 10 años, la Organización Internacional del Trabajo adoptó en Ginebra el Convenio nº 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos (o empleadas y empleados del hogar), y la Recomendación nº 201 con el mismo título, que lo complementa. Ha transcurrido una década desde aquel importante avance, pero según han comunicado, el gobierno de España continúa sin ratificar dicho acuerdo.

Por ello, “hoy es una fecha decisiva para volver a reclamar una cuestión de justicia social: para el gobierno sólo se trata de ratificar un convenio adoptado a nivel internacional, pero para el colectivo afectado supondría un paso inmenso, un modo de reconocer derechos a quienes realizan un trabajo fundamental para la sostenibilidad y el bienestar de nuestra sociedad”, ha esgrimido Martín García.

Martín ha afirmado además qque “como en tantos otros colectivos, estamos ante empleos precarios e infravalorados, y ante personas que, por contar con recursos escasos, o tener que ayudar a sus familias –en situación de desventaja-, están dispuestas a asumir tareas y condiciones laborales que las abocan a situaciones de desprotección, dispuestas a formar parte de la economía sumergida por tal de mantener sus ingresos, dispuestas a aceptar excesos horarios y/o abusos salariales, para evitar perder sus empleos. Todo esto se acabaría por ley si el gobierno de España ratificara el convenio de la OIT después de 10 años transcurridos desde su aprobación”.