El Gobierno tramita 281 expedientes del PFEA con una inversión de 25,5 millones de euros
Las cuatro corporaciones que dispondrán de un mayor importe son Íllora, Loja, Huétor Tájar y Motril, que inyectarán casi 4,7 millones de euros
Gabinete
Un total de 281 expedientes del PFEA, que suman una inversión de 25,5 millones de euros, se encuentran en tramitación en la provincia de Granada tras el cierre del plazo de solicitudes para el periodo 2023- 2024. En el total de Andalucía el Gobierno de España ha destinado 194,8 millones de euros para el para el desarrollo de obras y servicios de competencia municipal.
Esta cantidad supone un incremento de algo más del 4% con respecto al presupuesto del ejercicio anterior, cuando se destinaron 24,4 millones al este Programa.
La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha subrayado el doble objetivo que consiguen estos fondos, “permitiendo por un lado mejorar y crear nuevas infraestructuras en los municipios donde se desarrolla y, por otro, garantizar empleo y rentas a los trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en épocas fuera de campañas”.
De los 25,5 millones del Programa, 20,1 millones están destinados al desarrollo de los proyectos enmarcados en el Programa de Garantía de Rentas y se están repartiendo entre los 174 municipios de la provincia y 5,3 millones, para el Programa de Generación de Empleo Estable que, en este caso, se están distribuyendo entre los proyectos que presenten los diferentes consistorios.
Entre las corporaciones que inyectarán una mayor cuantía para proyectos del Plan de Fomento del Empleo Agrario 2023 se encuentran Íllora con un importe de 1.490.379 euros, Loja con 1.228.131 euros, Huétor Tájar con 1.073.009 euros y Motril con 900.044 euros, lo que asciende a casi 4,7 millones de euros.
El importe aprobado por la Comisión Regional corresponde a los costes de contratación y Seguridad Social de los trabajadores, a lo que hay que sumar las aportaciones del resto de las administraciones (Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y ayuntamientos) para la adquisición de los materiales. Por ello, la subdelegada ha puesto en valor “la cooperación entre las administraciones estatal, autonómica y local, a través de su máximo representante, el presidente de la FAMP como un elemento fundamental para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos”.
Reducción de jornadas y brecha digital
Este programa está encuadrado dentro de las Políticas Activas de Empleo que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Andalucía. Se determinó en 2022 con el Real Decreto 4/2022 y posteriormente con el Real Decreto 18/2022 de 18 de octubre la reducción del número de jornadas reales cotizadas para acceder a la renta agraria a favor de los trabajadores y trabajadoras eventuales agrarios deberá ser igual o superior a 20 y 10 jornadas cotizadas, respectivamente, considerándose acreditado las 35 jornadas cotizadas que históricamente eran necesarias para acceder a la renta agraria.
En el PFEA de 2022 se introdujo como novedad, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), un programa de formación en alfabetización digital destinado a mujeres del entorno rural
“Se trata de dar un paso más allá y no sólo generar riqueza, sino además acercar y dotar a las mujeres que viven en estos municipios del conocimiento para acceder a las nuevas tecnologías rompiendo la brecha digital y abriendo nuevas oportunidades a la búsqueda activa de empleo”, ha explicado López Calahorro.
Dicho programa, que comenzó en mayo de 2022, tiene como beneficiarias a mujeres contratadas con el PFEA o que hayan sido contratadas en el Programa desde su puesta en marcha en 1997. Los cursos son presenciales, gratuitos y con una duración de 26 horas cada uno.
Es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) quien destina créditos con cargo a sus presupuestos anuales para subvencionar los costes salariales y de cotización empresarial de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las corporaciones locales.
Estas contrataciones deben tener por objeto la ejecución de proyectos de interés general y social, siempre que sean competencia de las corporaciones locales y que sean ejecutados en régimen de administración directa o en régimen de adjudicación.
