La Audiencia Nacional anula la responsabilidad de Quique Pina sobre una deuda de la venta del Ciudad de Murcia
Hacienda tendrá que devolver al expresidente del Granada 3,2 millones de euros después de que el tribunal le haya "dado la razón"
La Audiencia Nacional (AN) ha dado la razón al expresidente del Granada y agente de futbolistas, Quique Pina, y ha dejado sin efecto la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de 2019 que le responsabilizaba de una deuda derivada de la venta del equipo de fútbol Ciudad de Murcia y por la que tuvo que abonar 3,2 millones de euros.
En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima su recurso contra el citado acuerdo del TEAC que deja sin efecto, anulando de igual forma el acuerdo de derivación de responsabilidad. Hacienda tendrá por tanto que abonar al actual accionista del Cádiz C.F. la citada cantidad.
"La fundamentación empleada por la resolución de derivación (*) es tan genérica que serviría para ser empleada en relación a cualquier sociedad sometida a este régimen de funcionamiento de Consejo de Administración y consejero delegado por lo que la falta de determinación de responsabilidades diferentes obliga a la estimación de la demanda y a la anulación de la derivación", apuntan los magistrados.
A este respecto, aseguran que "la resolución parece diferenciar entre el simple miembro del Consejo de Administración y el consejero delegado pero, al final, dicha diferenciación no se pone en práctica al derivar la responsabilidad frente a todos los miembros del Consejo de Administración por igual y sin distinción".
"A juicio de esta Sala, hubiera sido necesario determinar las razones o motivos por lo que se acuerda la derivación de responsabilidad tributaria para unos y otros miembros del Consejo de Administración", añaden los magistrados.
A través de un comunicado, recogido por esta agencia de noticias, Pina ha celebrado la noticia y que el tribunal le haya dado "la razón" tanto a él como a su familia después del "infierno vivido durante hace casi 15 años". "La sentencia ha considerado nula la derivación de responsabilidad y por lo tanto nunca existió en derecho tal", ha apuntado.
Pina ha incidido en que lleva "desde el año 2010 luchando tanto en las instancias de la propia Agencia Tributaria así como en la justicia ordinaria defendiendo" su "inocencia y la injusticia que provocaba".
La transferencia del Ciudad de Murcia
Además, ha anunciado que su defensa ha procedido a recurrir en revisión en el Tribunal Supremo las condenas sufridas "por considerar del todo injustas y no ajustadas a derecho al recaer sobre una premisa de la existencia de una deuda que, a día de hoy, ya firme, es nula". "Por lo tanto, exigiremos la anulación de las condenas e igualmente, como así indica la sentencia deberán retornar los importes abonados por esta cuestión a la sociedad Calambur Intermediaciones", ha añadido.
El comunicado recuerda que, "como es público, en el año 2007" procedió "a transferir la Sociedad Anónima Deportiva del Ciudad de Murcia que pertenecía" a Pina y su familia. "Esta se transfirió al (empresario Carlos) Marsa y como conocen se trasladó el club a la ciudad de Granada. En la misma escritura pública constó de manera expresa que el precio de las acciones incluía la deuda que éste mantenía con la agencia tributaria española", apunta.
Los nuevos gestores del club, sostiene, "aplazaron dicha deuda que ascendía a 1,2 millones de euros y esto fue avalado con los derechos de televisión que le pertenecían a la entidad y aceptado por la propia Agencia Tributaria". "Posteriormente la deuda quedó impagada", afirma.
Fue "años más tarde", en 2010, cuando "la Agencia Tributaria, ante la deuda impagada por parte de la nueva propiedad que aplazó y que se comprometió abonar en escritura pública", habría derivado "la responsabilidad de dicha deuda tanto a Quique Pina como solidariamente a sus padres Juan José Pina y Trinidad Campuzano por haber sido todos ellos miembros del consejo de administración del club". "La deuda se incrementó de 1,2 millones a más de 3,2 millones de euros entre intereses y sanciones", añade.