La Fiscalía demanda al Granada más de nueve millones como fianza por la operación Líbero

La Fiscalía ha demandado al Granada como fianza más de nueve millones de euros por responsabilidad subsidiaria en la operación Líbero. La instrucción del caso ha quedado cerrada y la apertura del juicio oral a los acusados ha sido notificada por medio del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, a los acusados, entre los que se incluye el propio club rojiblanco, como ha adelantado el diario Ideal y ha podido verificar GranadaDigital. La entidad nazarí recurrirá en defensa de la institución deportiva, según indican fuentes internas consultadas por este periódico, al considerar que es una víctima de la situación y que los hechos presuntamente delictivos con los que se ve vinculada fueron obra de la propiedad anterior, que tenía como principal accionista a Gino Pozzo y a Quique Pina como presidente, identificados en el escrito judicial entre otros nombres.

La acusación atañe al modelo de negocio empleado por la red del italiano, que consistía en la adquisición de los derechos económicos de futbolistas a través de fondos de inversión, y la tributación de estas operaciones, que podría incurrir en fraude fiscal. Al Granada, implicado por ser el club en el que operaba, se le habrían exigido cerca de doce millones entre lo presuntamente defraudado, multas, sanciones y la demanda, si bien la cantidad podría variar. El proceso, no obstante, es lento, indican desde la entidad rojiblanca, por lo que el desenlace se antoja aún lejano pese a la notificación de la Fiscalía.

El club, puntualizan las fuentes consultadas, defenderá exclusivamente la parte que le toca, sin adentrarse en si las prácticas desarrolladas por la propiedad anterior o el uso de la entidad por parte de los propietarios previos fueron correctos o no. Se considera una víctima en este caso y así lo argumentará mediante recurso próximamente. Espera que la resolución definitiva termine por exonerar a la institución rojiblanca

La operación

La operación Líbero fue desvelada en 2018 y supuso el registro de las oficinas de Los Cármenes por parte de la Policía Nacional, con el expresidente rojiblanco, Quique Pina, en el centro del caso. El que fuera dirigente del club fue detenido por un presunto delito de blanqueo de capitales en operaciones de traspaso de derechos deportivos de futbolistas del Granada y por encabezar un entramado de sociedades presuntamente fraudulentas. El proceso se dividió en varias piezas y, recientemente, la causa contra el que fuera máximo mandatario nazarí fue archivada, con lo que sus sociedades fueron desbloqueadas, aunque sí acordó una pena de nueve meses de prisión para eludir pagar a Hacienda, más el desembolso de una multa, sin llegar a ingresar en centro penitenciario. Para saldar su deuda, finalmente, depositó en el juzgado 2,8 millones de euros.

El Granada entró en la investigación como persona jurídica por la presunta comisión de delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales en relación al impuesto de sociedades de los ejercicios 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016. El club desde el primer momento ha defendido su inocencia, destapado el caso ya tras el cambio de propiedad. El Juzgado Central de Instrucción número 5 ya desestimó un recurso de apelación presentado por la entidad rojiblanca contra su condición de investigada.