Desarticulan una organización que regularizaba fraudulentamente a extranjeros y resultan detenidas 31 personas
El grupo captaba ciudadanos marroquíes ilegales asentados en Almería, a quienes ofrecía legalizar su situación administrativa a cambio de 4.500 euros
Gabinete
Agentes de la Policía Nacional de Granada han llevado a cabo la denominada 'Operación La Zubia', en la que han desarticulado un entramado delictivo en el que se ha detenido e investigado a 31 personas de distintas nacionalidades por delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental. La investigación continúa abierta y se estima que habrá, al menos, una decena de nuevas detenciones entre empresarios y ciudadanos extranjeros.
Solicitudes para legalizar a marroquíes domiciliados en Granada con propuestas de trabajo de empresas situadas en Almería
La operación se inició el pasado mes de febrero cuando los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada comenzaron las pesquisas sobre un grupo de ciudadanos extranjeros que intentaban regularizar su situación legal en España mediante solicitudes de residencia por arraigo. A los investigadores les llamó la atención que se aportaban como domicilios distintos pisos de la provincia de Granada, entre ellos en La Zubia, mientras que los contratos u ofertas de empleo se situaban en diferentes municipios de la provincia de Almería. Además, la misma persona era quien presentaba las documentaciones ante las diferentes administraciones locales y la misma asesoría, situada en el litoral granadino, era la encargada de realizar los trámites.
Seguidamente, los agentes comprobaron la existencia de una organización de marroquíes que estarían dedicados a captar a extranjeros ilegales asentados en Almería a quienes, previo pago de una cantidad de dinero que ronda los 4.500 euros, les ofrecían ficticios empadronamientos en la provincia de Granada y tramitarles falsas ofertas de empleo a través de varios empresarios asentados en Almería. Todo ello gestionado a través de la misma gestoría. Las pesquisas de los policías también revelaron que tanto los empadronamientos como las ofertas de trabajo eran simulados y que los verdaderos lugares de residencia de estas personas se encontraban en Almería, así como que la mayoría de ofertas de empleo eran ficticias, no llegando a trabajar nunca en las empresas reseñadas.
El asunto de los falsos empadronamientos se resolvía contactando con ciudadanos españoles residentes en distintos pueblos de Granada, entre ellos en La Zubia, inquilinos reales de estas viviendas, a quienes la organización entregaba una gratificación pecuniaria a cambio de que inscribieran como residentes a los marroquíes ilegales. Éstos nunca residían en las mismas, aunque sí fingían convivir cuando los trabajadores sociales de las entidades locales hacían las comprobaciones sobre la veracidad de las residencias. Más aún, la organización contactaba con los trabajadores sociales de los ayuntamientos y, el día que acudían al domicilio en cuestión, la organización ya había trasladado, desde Almería, al supuesto residente marroquí, previo pago de entre 30 y 50 cada vez que realizaban los traslados entre las dos provincias. Acto seguido el traslado del inmigrante se realizaba hasta el litoral granadino donde la asesoría tramitaba la solicitud de la tarjeta de residencia por arraigo y la oferta de trabajo.
En algunas ocasiones, el empresario que les proporcionaba la oferta de empleo no recibía contraprestación económica, pero les descontaba una cantidad de su sueldo, ya de por sí escaso, y además les obligaba a pagarse sus seguros, con lo que prácticamente trabajaban de forma gratuita.
Consentir la inscripción de un ciudadano extranjero en el padrón municipal por parte del titular de una vivienda, cuando la misma no constituye el domicilio real de extranjero, favorece principalmente a las mafias que se benefician de la inmigración ilegal. Además, es una infracción calificada como grave por el art. 53.2 d) de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, pudiéndose castigar con multas desde los 501 hasta los 10.000 euros. Asimismo, si se realiza esta conducta con ánimo de lucro, podría ser un delito o como mínimo una infracción muy grave castigada con multas de 10.001 euros hasta los 100.000.
Los agentes continúan investigando la posible participación en la trama de una decena más de personas, entre ciudadanos extranjeros y empresarios, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
