Granada en el olvido

Discutía hace unos días con un amigo y colega abogado sobre la pobre situación de la provincia de Granada y las razones de que esta trae causa a propósito de una información publicada en los principales medios relativa a los pueblos más ricos y pobres de España. De aquella noticia me dolió lo de siempre: el lugar que ocupa Andalucía en general y Granada en particular en ese ranking.

No decía nada que ya no imagináramos, esto es, que el 99% de  los 25 pueblos más ricos del Estado estaban en Cataluña y Madrid (los datos no incluían ni a Navarra ni al País Vasco) con una excepción en Valencia y otra en Castilla la Vieja; y entre los más pobres, la inmensa mayoría estaban en Andalucía y Extremadura. En concreto, Granada contaba con 20 pueblos entre los 100 más pobres de España. Y uno, Zafarraya, se lleva la palma en la provincia.

Naturalmente, entiendo que son los distintos gobiernos, tanto el andaluz como el central, los máximos responsables, pero mi colega negaba que el gobierno central tuviera algo que ver y aludía en esta búsqueda de culpables a nosotros mismos y al gobierno andaluz. Decía que un simple cambio de actitud a favor de la creación de empresas y otro  de signo político en el Gobierno andaluz serían suficientes para empezar a abandonar las últimas posiciones en los principales indicadores económicos. Y no le quito parte de la razón, pues es cierto que hace falta una actitud más emprendedora en general y, por otro lado, somos los ciudadanos los que elegimos a nuestros representantes políticos y estos los que en teoría se cuidan de que haya un desarrollo equilibrado entre los distintos territorios, por lo que su persistente fracaso a la hora de lograr ese objetivo también es el nuestro al impedir o no propiciar los cambios políticos necesarios que lo hagan posible.

Al contrario de la tesis de mi colega, que se enmarca más en la defensa de su partido de cabecera, el gobierno central tiene mucho que decir en materia de desarrollo. Así, era responsabilidad suya la terminación del único tramo inconcluso de autovía de toda España, casualmente en la costa granadina; es competencia suya el desarrollo de las canalizaciones de Rules, sin empezar una década después de ejecutado el embalse y que proporcionaría 10.000 empleos; es competencia suya la transformación de la estación de ferrocarril y la llegada del AVE, y tantas cosas más. Y nadie puede negar la influencia que la ejecución de estas infraestructuras, en tiempo y forma, ejercen sobre nuestra economía, al margen de lo mucho o poco desarrollado que tengamos el espíritu emprendedor.

Al día siguiente de este encuentro con mi amigo, la vicepresidenta del Gobierno se sentaba con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y dejaba caer que Cataluña es la candidata oficial de España para albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento tras el Brexit -algo por lo que también pugna Granada-, un organismo que cuenta con 800 funcionarios de alto nivel y que gestiona miles de proyectos de investigación vinculados a la salud; un organismo que bien podría ubicarse en nuestro PTS, un entorno de investigación, docencia y emprendimiento empresarial relacionado con las ciencias de la salud y que, por ello, sede idónea para la agencia. Pero no, el Gobierno central, el Gobierno de España, vende su ubicación a Cataluña a cambio de su apoyo para la mesa del Congreso. Los representantes granadinos del PP en Madrid callan y los del PSOE aquí dicen una cosa y allí otra. Ningún representante se planta en Madrid ante su partido y pelea por Granada con razones, todos callan para no malograr su carrera. Incluso los que hablaban del chantaje nacionalista, como Albert Rivera, ahora que es Barcelona la candidata, guardan un elocuente silencio. Ya no hay chantajes pero sí dos puestos en la mesa del Congreso. Vamos a necesitar, querido colega, algo más que emprendedores para darle la vuelta a esto, vamos a necesitar un poder propio.