Granada ha perdido mas de 180 investigadores desde que se inició la crisis

Esta tarde ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, el acto de entrega de las 275.000 firmas recogidas a favor de una rectificación de la política científica de nuestro país. El acto tiene especial relevancia al celebrarse en el momento en que se inicia el debate de los Presupuestos Generales del Estado, que deberían traducir en hechos las demandas planteadas en el llamamiento.

Fuencisla Matesanz, delegada de CCOO en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha explicado que la situación de las y los investigadores en nuestra provincia es dramática, hasta el punto que se ha reducido el número de contratos para personal investigador y de apoyo a la investigación al menos un 30% desde que empezó la crisis (allá por el año 2011). A finales de 2011, la plantilla conjunta de los 122 centros del CSIC de toda España constaba de 15.893 personas entre científicos, técnicos y gestores, en este momento no supera los 11.000 trabajadores. En Granada están ubicados 5 centros de investigación del CSIC, Estación Experimental del Zaidín, Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra, Escuela de Estudios Árabes, Instituto de Astrofísica de Andalucía y el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, con más de 600 trabajadores.

Además de la reducción de empleo para el personal, los pocos contratos que se conceden son de carácter temporal, ha explicado la delegada de CCOO en el CSIC que la tasa de temporalidad para las contrataciones alcanza nada menos que el 43,2 %. Así, la precariedad se convierte en otro de los obstáculos con los que deben lidiar los investigadores.

Por último, los proyectos de investigación, en muchos casos, carecen de financiación o ésta se reduce a la mitad de lo que se solicita, lo que, según Fuencisla Matesanz (CCOO) impide llevar a cabo una investigación competitiva.

Un grupo de científicos, preocupados por la dramática situación que atraviesa la ciencia española, han promovido este llamamiento a “científicos, académicos, sociedades científicas, sindicatos y otras organizaciones preocupadas por la situación social de nuestro país” para “emprender las acciones que estén a nuestro alcance para tratar de corregir la situación actual”, insistiendo en la necesidad de implementar y actualizar las medidas financieras, organizativas y de recursos humanos que fueron recogidas en el Pacto Parlamentario por la Ciencia impulsado por el colectivo Carta por la Ciencia en diciembre de 2013, y reiterado en la Marcha por la Ciencia de abril de 2017. El impacto de la carta ha sido muy notable, superándose en menos de un mes las 275.000 firmas. Por ello, los promotores han decidido presentar el llamamiento y las firmas recogidas en el Parlamento español, como representante de la sociedad española, pidiéndole un mayor protagonismo en la definición de las políticas públicas en I+D.