El Juzgado pide información al Ayuntamiento sobre un operativo policial en el Cerro de San Miguel
Los vecinos de la zona presentaron una denuncia contra esta intervención por entender que se desarrolló de modo irregular
Europa Press
El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha solicitado información al Ayuntamiento de Granada sobre el operativo policial desarrollado el 26 de enero de 2023 en algunas casas cuevas del Cerro de San Miguel y el barrio del Sacromonte.
El escrito del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha remitido al área de Urbanismo y Medio Ambiente a raíz de una denuncia que la Asociación de Vecinos de Cuevas del Sacromonte y otros residentes del entorno presentaron contra esta intervención por entender que se desarrolló de modo irregular.
La denuncia va dirigida, en concreto, contra el que era en ese momento concejal de Urbanismo, el socialista Miguel Ángel Fernández Madrid, un técnico de urbanismo que estuvo presente durante la actuación y contra el que fuera jefe de la Policía Local José Antonio Moreno.
El operativo se desarrolló entre las nueve y las dos de la tarde y contó con la participación de trabajadores de Inagra, concesionaria del servicio de limpieza de la ciudad, así como de las empresas suministradoras de luz y agua.
En ese momento, la Policía informó de que se trataba de un servicio preventivo de la delincuencia pensado para identificar posibles ocupaciones ilegales de cuevas, delitos relacionados con el tráfico de drogas al menudeo y enganches a la red de suministro eléctrico y de abastecimiento de agua.
No obstante, los afectados mantienen que se accedió al interior de los patios y jardines de sus viviendas en el cerro sin su consentimiento y algunos fueron incluso retenidos en el interior de estas casas cueva, todo ello sin orden judicial que lo amparase.
Los moradores --la mayoría residente en estas casas cueva desde hace más de una década-- añaden que durante el operativo fueron destruidas vallas y objetos personales en los patios y jardines donde los efectivos entraron sin su consentimiento.
Consideran por todo ello que los hechos son constitutivos de delitos de allanamiento de morada, detención ilegal y de un delito de daño. Entre otras diligencias, han solicitado que se libre oficio a la Policía Local para que informe de la cadena de mando que existió aquel día, de la identidad del jefe del operativo, contra el que también va dirigida la denuncia, y de si existía orden judicial que amparase la intervención.
