Granada prepara la nueva tasa de basura que variará según el valor catastral y los residuos generados

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha presentado la nueva tasa de basura que está previsto apruebe en comisión este próximo lunes el área municipal de Economía en el marco de lo que estipula la normativa estatal, lo que supondrá la necesidad de recaudar 1,6 millones de euros más este 2025.

Ello obliga al consistorio, según ha detallado Saavedra en rueda de prensa con motivo de la Junta de Gobierno Local de los viernes, "a tener que estipular unos nuevos criterios para que los contribuyentes granadinos abonen la obligada tasa de Sánchez".

Según el edil de Presidencia, se trata de una tasa que tiene que cumplir dos objetivos: primero, repercutir la totalidad del coste a los ciudadanos, ya que "hasta ahora, las entidades locales, los ayuntamientos, asumían parte del coste de esa tasa".

Por lo tanto, según ha explicado el edil, "cumplir con ese primer objetivo supondrá, en la mayor parte de los casos, una subida de la tasa de basura, como consecuencia directa a esta imposición de Pedro Sánchez". En definitiva, ha apostillado, "el Gobierno de España sube la basura a todos los ciudadanos".

Además, en segundo lugar, ha añadido Saavedra, "esta tasa tiene que considerar la cantidad de residuos que genera cada vivienda, cumpliendo con la Ley Estatal 7/2022", es decir, "quien más residuos genere, pagará más".

Al hilo, ha expuesto Saavedra, "con esa premisa de cumplir con los principios de capacidad económica del contribuyente, de un lado, y con el principio de proporcionalidad, es decir, quien más contamine que pague más, este Ayuntamiento presenta una ordenanza para su discusión y aprobación en Comisión, en el que algunos inmuebles pagarán más y otros menos de lo que estaban pagando".

Para ello, el portavoz ha señalado que "el coste total del servicio que se desprende del informe económico que ha hecho este Ayuntamiento y que es la cantidad económica que estamos obligados por ley a repercutir anualmente a todos los granadinos es de 31,4 millones de euros", y ha agregado que este equipo de gobierno ha tenido que elaborar unos criterios nuevos, en base a las exigencias de la ley de Pedro Sánchez, para fijar esa tasa en función de cada domicilio".

Saavedra ha reseñado que "la nueva tasa de basuras del Gobierno de España obliga al Ayuntamiento de Granada a cobrar 1,6 millones de euros más a los granadinos" algo que les parece "injusto". "No podemos cobrar el coste del servicio por debajo de su precio real, como veníamos haciendo durante el año 2023, cuando repercutíamos 29,4 millones", ha indicado.

Además, ha señalado el concejal, "hay un valor fijo de entorno al 84%, que es un índice básico que está vinculado también al valor catastral, y un variable de entorno al 15%, el cual se estable en función del uso del local o de la vivienda, si es comercial o si es residencial".

Así, el portavoz municipal ha señalado que, "con estos precedentes, vamos a aprobar en comisión una tasa revisable, ya que tendrá que ser recalculada cuando se adjudique el nuevo contrato de limpieza, ya que el coste de 31 millones por el servicio de recogida de basuras va a cambiar una vez adjudicado este contrato".

"Tenemos que presentar hoy esta tasa también por obligación del Gobierno de España, puesto que esta tasa tiene que estar aprobada el 10 de abril para no incurrir en ninguna sanción que caiga sobre el Ayuntamiento, para lo que tenemos que llevarla sin más remedio al pleno de enero, aunque no esté adjudicado el contrato de basura, y una vez que se adjudique el contrato de basura tendremos tiempo más que suficiente para revisar esas cantidades", ha dicho Saavedra.

El portavoz ha incidido en que "la implantación efectiva será partir del 1 de enero del 2026, aunque haya que aprobarlo para abril, por lo tanto, cuando se adjudique el contrato de basura, se volverá a revisar el coste final del servicio para que el 1 de enero de 2026, momento en el que también se tendrá en cuenta el número de residentes por domicilio, se pueda aplicar ya a todos los granadinos sin ningún problema".

Por su parte, la concejal de Economía de Granada, Rosario Pallarés, ha señalado que "otros aspectos a tener en cuenta son el valor catastral de la vivienda y también bien las toneladas de residuos generadas, en función de la zona en la que esté ubicado el inmueble", lo que viene determinado en la división por unas cuadrículas, 290 cuadrículas en las que hemos dividido la ciudad de Granada para realizar este reparto".

La concejal ha reseñado que "en cada una de esas cuadrículas está calculado el tonelaje de residuos que se generan", por lo tanto, "se tienen en cuenta esos tres criterios, el uso catastral, el valor catastral y las toneladas, ya que nos obligan a vincular la tasa a las toneladas que se generan de residuos, haciendo el cálculo por cuadrícula, dada la dificultad de calcular la producción de los residuos domicilio por domicilio".

Pallarés ha explicado tres casos en los que se aplicará una reducción de esta tasa, como en el caso de empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos, con carácter prioritario, en colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios.

Tendrán una bonificación del 90% en la cuota variable de la tasa conforme a lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Además, los contribuyentes que acrediten que la renta de los miembros empadronados en la vivienda no supere unos ingresos anuales equivalentes a una vez y media del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), gozarán de una reducción del 80% de la cuota, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, han detallado desde el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Por último, las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.4, d) de la Ley 7/2022 de Residuos, gozarán de una reducción del 90% tanto en la cuota fija como en la variable, para los cuales se exigirá los mismos requisitos económicos de la reducción prevista en el apartado anterior, así como la aportación del certificado de persona en riesgo de exclusión social expedido por órgano competente.

Críticas del PSOE al gobierno local

En este contexto, el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento Jacobo Calvo ha afeado las declaraciones de Saavedra, que a su juicio "se ha convertido en el Donald Trump de Granada", con las que "pretende confrontar" con el Gobierno central en este asunto, "mientras le cubre las espaldas a los suyos, del PP", en referencia a la política de gestión de residuos de la Diputación.

"Esta es la diferencia entre quienes están con la gente" y los granadinos y "quienes están con los suyos y para los suyos", ha señalado Calvo.