A juicio este miércoles por descargar 732 kilos de hachís en la Costa de Granada

Los dos presuntos narcos trataban de introducir la mercancía a través de la playa de Melicena, en Sorvilán, cuando "emprendieron veloz huida"

Audiencia provincial de Granada
Sede de la Audiencia de Granada | Foto: Antonio L. Juárez
Europa Press
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La Sección Primera de la Audiencia de Granada prevé celebrar este miércoles el juicio contra dos hombres acusados de introducir a través de la playa de Melicena, en Sorvilán, un cargamento de 732 kilos y 413 gramos de resina de cannabis en la embarcación que tripulaban, con la que, "al percatarse" de la presencia de la Guardia Civil, "emprendieron veloz huida" hacia el litoral.

La Fiscalía ha pedido que sean condenados a penas de más de cinco años de cárcel y multas de cuatro millones de euros, según consta en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan a las 18,00 horas del 14 de agosto de 2021, cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior comunicó a la Guardia Civil la detección de una embarcación sospechosa a cuatro millas al sur de la playa de Melicena.

Una vez la patrullera Río Genil llegó al lugar, "pudo identificar una embarcación tripulada por dos varones, quienes", en su "veloz huida", habrían alcanzado "a los pocos minutos" la costa, donde embarrancaron para así continuar la huida a pie, si bien a los pocos metros fueron interceptados por los agentes desplegados por la Benemérita.

"El motivo de su apresurada huida" fue la droga que llevaban en la embarcación, valorada en 1,4 millones de euros y que, según el relato del fiscal, transportaban con "la evidente intención de distribuirla a terceras personas mediante su venta o donación".

Para el principal acusado, de 46 años, el Ministerio Público pide una pena de seis años y nueve meses de prisión, y para el segundo, de 34 años, una pena de cinco años y medio, también por un supuesto ilícito contra la salud pública.

Ambos se enfrentan a multas de cuatro millones de euros, y para el segundo, oriundo de Uruguay, el fiscal interesa la posibilidad de que cumpla al menos cuatro años de cárcel en España sustituyendo la ejecución del resto de la pena por la expulsión del territorio nacional durante diez años.