Granada se declara provincia libre de trata sexual de mujeres y menores

La Diputación de Granada quiere que Granada sea una provincia libre de trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual. Así lo ha acordado en el último pleno al aprobar una moción, presentada por el grupo Izquierda Unida para la Gente, en la que la corporación provincial se compromete a diseñar una campaña periódica “para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género”.

La iniciativa, aprobada por unanimidad, incluye medidas como exigir a los Gobiernos central y autonómico que “se aplique realmente la ley” y persiga el tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual, así como a los proxenetas “que están campando por sus fueros en los clubes y burdeles de carretera”.

Además, la Diputación, en colaboración con la Administración central y Autonómica, plantea centrar su acción en erradicar la demanda “a través de la denuncia, persecución y penalización del cliente y del proxeneta, exigiendo al Gobierno central que establezca de forma urgente una normativa que penalice a los hombres que compran a mujeres con fines de comercio sexual con penas de cárcel de hasta seis meses y multa”.

La moción también contiene medidas dirigidas a las mujeres que deseen abandonar la prostitución, como la provisión de fondos para servicios sociales integrales, y contempla que los Servicios Sociales de la Diputación trabajen en la intervención preventiva de las causas, exigiendo al Gobierno “erradicar la precariedad en el mercado laboral y las condiciones de explotación que se viven, que provocan que la prostitución sea a veces la única alternativa para poder pagar deudas o mantener a la familia”.

“En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, exigiremos al Gobierno que embargue sus bienes” para invertirlos “en el futuro de las mujeres que están en la prostitución proporcionándoles” alternativas reales y recursos económicos.

La Diputación ha acordado además instar a los Gobierno central y autonómico para que establezca una normativa que impida que los medios de comunicación se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios en anuncios o publicidad “que suponen “una forma de colaborar con la prostitución que controlan proxenetas y mafias y una forma de colaborar con la violencia contra las mujeres”.