El sindicato de periodistas elevará queja al TSJA por "injerencia" en el grupo de WhatsApp del abogado de Rivas

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha mostrado este viernes su "preocupación" ante la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada de pedir a la Policía Nacional que identifique e indique para qué medio trabajan los 103 periodistas que forman parte de un grupo de WhatsApp creado por el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, a raíz de la querella que ha presentado contra él por calumnias el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar.

El sindicato ha informado en un comunicado que elevará una queja al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por este asunto y ha mostrado "su preocupación por lo que este tipo de prácticas pudieran afectar al secreto profesional y la preservación de fuentes a que estamos obligados los profesionales del periodismo y la comunicación".

"Desde el SPA agradecemos la nota hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aclarando que no se investiga a periodistas pero nos preocupa la intromisión en un grupo privado de profesionales de la comunicación cuyo único objetivo es compartir información entre ellos y con sus fuentes. En este caso al parecer se ha utilizado un pantallazo como indicio de delito y esto ha desencadenado la orden judicial a la Policía para que se identifique a los participantes en el citado chat, en lo que a primera vista podría parecer una investigación prospectiva", señala el colectivo.

Junto a ello incide en que, "al igual que el chat denominado 'Periodistas Aránguez Abog' existen varios más en Granada y que constituyen una práctica habitual en la profesión. Chats que, lejos de ser un medio de comunicación donde su publican noticias, constituyen un instrumento de carácter privado y confidencial donde los periodistas compartimos información entre nosotros y con nuestras fuentes, en el caso que nos ocupa un abogado. Y que son utilizados también para aclarar dudas y contextualizar las informaciones".

El sindicato de periodistas lamenta igualmente "que se haya filtrado, como parece, el contenido de parte de esas conversaciones" que, según recuerda, "son privadas" y recalca que los periodistas tienen "el deber de confidencialidad y preservación" de sus fuentes, pues "éste es uno de los principios básicos de la libertad de prensa y del derecho a la información al que alude el artículo 20 de nuestra Constitución". Junto a ello lamentan que se ordene citar a declarar -como testigo- a uno de los periodistas participantes en el citado chat.

Por último, el Sindicato de Periodistas de Andalucía ha puesto su gabinete jurídico a disposición de los compañeros que a lo largo de este proceso judicial pudieran ser citados a declarar y ha anunciado que "elevará una queja ante Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Andalucía por esta injerencia que contribuye a debilitar la libertad de prensa y el derecho a la información, pilares básicos de nuestro estado de derecho y de nuestra democracia".

En el citado auto, consultado por Europa Press, el juzgado acuerda concretamente practicar una serie de diligencias; entre ellas, tomar declaración en calidad de investigado al abogado Carlos Aránguez y como querellante al magistrado Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada.

Junto a ello, el juez instructor quiere que la Policía Nacional investigue si Carlos Aránguez creó el 15 de marzo de 2019 un grupo en la red social WhatsApp denominado 'Periodistas Aránguez Abog', donde tenía agregados a 103 profesionales de la información, "cuya identidad y medio para el que prestaban servicios deberán especificarse en el referido informe", precisa el auto.

Al hilo de este asunto solicita que se indague sobre si una serie de mensajes que se han aportado a la causa partieron del teléfono del letrado y tuvieron como destinatarios a los periodistas presentes en este grupo de WhatsApp, "cuya identificación y medio para el que prestan servicios también deberá reflejarse en el informe en cada uno de los casos".

También pide que se establezca si el contenido de una serie de "pantallazos de mensajes extraídos de la red Social WhatsApp" aportados a la causa en formato papel "es auténtico y no han sido manipulados ni recompuestos y han salido del terminal telefónico" del abogado de Juana Rivas.