Le piden un año de prisión por defraudar más de 4.000 euros a la Seguridad Social
En el marco de esta causa, se procesó a otras 26 personas por un supuesto sistema de altas ilegales a través de tres empresas
La Fiscalía pide una pena de un año de prisión para una acusada de defraudar a la Seguridad Social 4.444 euros en subsidios de cotización insuficiente, en el marco de una causa en que se procesó a otras 26 personas por un supuesto sistema de altas ilegales a través de tres empresas.
Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, esta procesada, de 32 años, habría sido dada de alta irregularmente entre el 26 de noviembre de 2015 y el 30 de abril de 2016, y entre el 16 de mayo y el 17 de junio de este mismo año por dos de estas empresas.
Por ello se la acusa de la presunta comisión de un delito contra la Seguridad Social o alternativamente de estafa. En caso de que resultara condenada por el primer supuesto ilícito, la petición fiscal suma cuatro años sin posibilidad de percibir subvenciones, beneficios o incentivos fiscales del organismo público.
El Ministerio Público contextualizó esta petición de pena en sus conclusiones iniciales sobre el caso, conforme a las cuales uno de los procesados, "según lo planeado con el resto de acusados", habría actuado "movido por el ilícito ánimo de defraudar a la Seguridad Social, utilizando" una empresa "sin actividad", así como otras dos cuya administradora habría cursado el alta de los procesados, que supuestamente obtenían así "las correspondientes prestaciones económicas por desempleo y similares".
En realidad, prosiguió el Ministerio Público, "ninguno desempeñaba actividad laboral alguna en dichas empresas, lo que suponía la obtención de prestaciones económicas del todo indebidas con grave quebranto económico para la Seguridad Social".
La Policía Nacional llevó a cabo una diligencia de entrada y registro de las oficinas de uno de los principales encausados en el centro de Granada, en julio de 2017, dando lugar a la operación que conllevó la desarticulación de esta supuesta trama para defraudar a la Seguridad Social, incautándose de una torre de ordenador que resultó contener "amplia documentación del grueso de los investigados".
También aparecieron recibos de liquidaciones a cotizaciones de las mercantiles que se habrían utilizado para estas actividades, que se venían desarrollando desde 2015. Tras señalar el juicio para el grueso del caso la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada entre los días 16 y 18 de febrero del año pasado, ahora vuelve a hacerlo con esta acusada.