Griñán comparece hoy ante el Supremo como imputado en el caso ERE

El Tribunal Supremo continuará este jueves la toma de declaración a los cinco aforados imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares con la comparecencia del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán.

Después de que este pasado martes compareciera el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, el instructor de la causa de los ERE en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha citado este jueves a Griñán; mientras que el próximo martes le tocará el turno al también expresidente Manuel Chaves; el día 16 al exconsejero Gaspar Zarrías y, por último, el 21 de abril, a la senadora y exconsejera Mar Moreno.

A todos ellos se les ha citado a las 10,00 horas del día correspondiente para prestar declaración en calidad de "imputados en la presente causa en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas".

En el caso de Viera, estas funciones son las que realizó como consejero de Empleo, mientras que en los de Zarrías y Moreno se les requiere por su responsabilidad como consejeros de Presidencia. A Chaves se le cita en relación a los actos cometidos como presidente de la Junta Andaluza y a Griñán como presidente de la Junta y también como consejero de Economía.

El instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo cuenta ya de cara a la ronda de declaraciones de los aforados de los ERE con diversa documentación, entre la que se encuentran determinados documentos requeridos a la Junta y una ampliación del informe realizado por la Intervención General de la Administración del Estado sobre la idoneidad de los instrumentos presupuestarios utilizados para dar las cuestionadas ayudas socio-laborales.

EL INFORME PERICIAL

El pasado mes de febrero, comparecieron los peritos ante la juez Mercedes Alaya y ratificaron su informe inicial, oponiéndose al 'contrainforme' pericial elaborado por los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago a instancias de la defensa de Griñán.

Cabe recordar que, en su informe, los peritos consideran "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas, de las que se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.

Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las "medidas necesarias" al respecto.

"IRREGULARIDADES"

"A la vista de las irregularidades detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y conforme a lo establecido en el artículo 9. e) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no consta que en el período 2000-2009 el consejero de Economía y Hacienda, en el ejercicio de sus competencias, haya adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades", concluye el informe.

El primer aforado en declarar en el Supremo fue Viera, quien declaró que, con el sistema de concesión de ayudas sociolaborales que se implantó en Andalucía, él pretendía "instaurar un sistema ágil dentro de la legalidad para poderlo aplicar a las necesidades urgentes".

En el curso de su declaración, Viera rechazó conocer los programas presupuestarios concretos que se investigan en la causa por los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía "porque su cargo era político y no entraba en el detalle de la denominación de las partidas" o en la sistemática económico-contable empleada.

"PUDIMOS HACERLO MEJOR"

Al hilo, reconoció, eso sí, que "la perspectiva de antes no es la de ahora" y que no era una cuestión "de ocultar sino de arreglar el problema en cuanto surgía". Ahora reconoce que pudieron "hacerlo mejor".

En este sentido, indicó que su profesión es la de maestro y carece de "formación jurídica como para adentrarse en el recorrido de los instrumentos presupuestarios", por lo que confiaba plenamente en sus subordinados.