Güéjar Sierra pide a la Junta que retire a los ayuntamientos la obligación de adelantar los pagos de la ayuda a domicilio
El pleno municipal aprueba por unanimidad una moción para exigir a la Administración Autonómica que cambie el sistema de financiación de la Ley de la Dependencia
El Ayuntamiento de Güéjar Sierra solicitará a la Junta de Andalucía que deje sin efecto la nueva normativa que regula la Ley de la Dependencia, que entró en vigor en julio de 2017.
El pleno municipal ha aprobado por unanimidad la moción, presentada por el Partido Popular, después de que el Gobierno andaluz diera luz verde en verano el nuevo sistema de financiación de la ayuda a domicilio, que establece que son los Ayuntamientos los que deben anticipar el dinero para los pagos de las nóminas de los trabajadores y no la administración autonómica, como venía ocurriendo hasta ahora.
La portavoz de grupo popular, Ana Vanesa García, ha explicado que “este nuevo sistema impuesto por el Gobierno Andaluz asfixia a los municipios y pone en riesgo la continuidad del servicio de ayuda a la dependencia”. Según García, “no se trata de que tengamos problemas de liquidez, sino de que no hay asignación presupuestaria mientras no exista una resolución que nos permita habilitar el crédito para poder realizar estos pagos”.
A este problema se añaden otros como el hecho de que la Junta de Andalucía condiciona la devolución del dinero adelantado a que el Ayuntamiento certifique y justifique el gasto del pago de las nóminas en los cinco primeros días del mes. La portavoz considera lamentable “que la Junta nos imponga estas condiciones cuando nos obliga a hacer frente a unos gastos que no nos corresponden, porque hay que recordar que la Ley de la Dependencia es 100% competencia autonómica aunque el servicio lo prestemos los municipios”.
Así mismo, ha explicado que el Gobierno andaluz ha incumplido sistemáticamente los plazos establecidos por convenio para el pago de la ayuda a domicilio desde que entró en vigor la norma del año 2007 pero el anticipo estaba asegurado, “algo que ahora con la nueva orden nos tememos que no va a ocurrir”.
La moción aprobada por la corporación municipal al completo insta a la Junta de Andalucía a elaborar una nueva norma consensuada con las corporaciones locales y el colectivo que trabaja en la ayuda a domicilio en la que se acuerden los gastos de gestión y la forma de pago del Gobierno Andaluz a los ayuntamientos de forma que se garantice la calidad de las condiciones de trabajo de los empleados y, en consecuencia, las del servicio que se presta a los ciudadanos.
En este sentido Ana Vanesa García también ha lamentado que la orden establezca un precio máximo por la prestación del servicio pero no un precio mínimo, lo que genera una situación de inestabilidad para los trabajadores de la ayuda a domicilio.
