Guerra abierta por el sistema de dependencia: "Se está priorizando la prestación económica a la del servicio"
Sindicatos y trabajadores lamentan las abultadas listas de espera y piden que no se denigre el trabajo realizado por los profesionales del sector
Imaginen por un momento que a consecuencia de un accidente de tráfico acaban postrados en una cama para toda la vida. Las secuelas del siniestro provocan que tengan que ser atendidos las 24 horas del día. No pueden valerse por sí mismos, así que necesitan un grado de dependencia que les proporcione la ayuda necesaria para vivir con dignidad y con los cuidados apropiados día tras día. Si eso ocurre actualmente, dicha ayuda tardará dos años en ser concedida. Esta es la situación actual de las listas de espera para la dependencia en Andalucía. Cuando se piensa en el grado de dependencia siempre se viene a la mente una persona mayor, pero la realidad es que esta situación puede experimentarla cualquier persona a cualquier edad.
Concretamente, la región andaluza es la comunidad autónoma con el sistema más colapsado y es que las personas que realizan esta solicitud deben esperar una media de 609 días para conseguir una resolución, mientras que la media nacional se sitúa en los 329 días. Eso sí, la ley establece que el tiempo máximo de espera debe ser de 180 días.
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Según los datos aportados por CCOO, en Andalucía hay más de 60.000 personas a la espera de una resolución, de las cuales 16.000 son granadinas. De este último guarismo, 7.125 se encuentran a la espera de la resolución de su grado de dependencia, mientras que 8.722 ya lo tienen reconocido, pero aun no han recibido prestación alguna. Así mismo, CCOO recalcó en su informe que tres personas fallecen al día en la provincia a la espera de la ayuda por dependencia que le corresponde. A nivel andaluz, las defunciones en lista de espera ascendieron hasta las 12.000 durante 2023.
Ante esta situación, sindicatos y trabajadores han salido ya a las calles de la ciudad y de la comunidad autónoma para pedir un sistema de dependencia digno, no solo para los usuarios, sino también para sus trabajadores. Desde el pasado mes de marzo, Andalucía cuenta con un nuevo procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, un sistema en el que “se prioriza la prestación económica a la del servicio”, señala Juani López, secretaria general de UGT-Servicios Públicos de Granada.
El nuevo modelo plantea varias novedades, siendo la principal la reducción a una única visita al domicilio de la persona solicitante. Anteriormente eran necesarias dos, una para la valoración y otra para la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA). “Asimismo, se unifica a una sola resolución administrativa de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones”, señaló la Junta cuando se actualizó el sistema. Sin embargo, la realidad es que en los ocho primeros meses del año, la resolución de solicitudes cayó 8.716 personas.
Desde UGT señalan que “la población dependiente sigue aumentando, pero los datos de solicitudes bajan y, mientras, se ponen demasiadas trabas burocráticas. En el nuevo procedimiento no se ha reforzado el personal. El cambio que se ha dado ha provocado que ya no se hagan PIAS y a las familias se les ofrece el pago directo al usuario desde el mes siguiente de 300 euros a cambio de una plaza en una residencia o de un servicio de ayuda a domicilio que tardaría dos años en llegar”.
“Esto es un chantaje a las familias”
Juani López muestra su profundo descontento y enfado por la situación que atraviesa la dependencia en Andalucía, enfocándose especialmente en las familias y las trabajadores como grandes damnificados, además claro de los propios usuarios. “Si te digo que el dinero lo puedes tener ya, pero la dependencia va a tardar dos años, las familias optan por el dinero y así ya hay un solicitante menos en las listas de espera. Esto lleva a otorgar menos horas de servicio a domicilio, ahorrarse el coste de un trabajador y que sean las familias las que tengan que encargarse del cuidado de su familiar”.
Asimismo, la secretaria general de UGT-Servicios Públicos de Granada, señala el gran perjuicio que supone para los familiares a cargo de estas personas ya que “300 euros no palian la dedicación que se ha de tener con estas personas. Además, habrá quien haga un buen uso de ese dinero y habrá quien no lo destine a la persona necesitada”.
“Son personas vulnerables que se quedan sin vigilancia profesional”
“No sabemos como van las listas”, esto es lo primero que espeta Ana, trabajadora de Arquisocial, empresa de ayuda a domicilio en Granada. La situación de la dependencia en Andalucía repercute directamente sobre las trabajadoras, pero ellas muestran no solo su preocupación por su situación laboral en el futuro, sino también por las personas que están dejando de ser atendidas por profesionales.
“La prestación antes era para casos muy especiales, ahora es como una especie de chantaje. Las mujeres vuelven a estar en sus casas dando un cuidado que no es profesional. Deberían primar los recursos de personas formadas y especializadas, no la de los familiares. En el mejor de los casos te van a ofrecer 400 euros, pero ese dinero es a cambio de no poder moverte de tu casa porque el dependiente necesita un cuidado las 24 horas del día”.
Esta trabajadora señala además que esta situación desemboca en algo más grave aun: el no tener una certeza de si a la persona necesitada de cuidados se la está ayudando o no. “No existe una vigilancia si es el familiar el que los atiende. Son personas vulnerables y se está dejando todo en la buena fe de que los familiares lo van a hacer bien. Nunca nos toman en cuenta, no se valora que nuestro trabajo es un cuidado profesional, pero nos ponen como servicio doméstico incluso. Esto acabará siendo que quien tenga dinero podrá pagarse unos cuidados y quien no deberá quedarse en su casa intentado atender a sus familiares, mientras echa unas horas sueltas de trabajo. Solo pedimos unos cuidados con dignidad”.
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