Igualdad ha destinado 71,7 millones de euros en medidas extraordinarias para la dependencia durante la pandemia

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha cifrado en más de 71,7 millones de euros los fondos destinados con carácter extraordinario a garantizar la atención a la dependencia en centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad, y a asegurar además el mantenimiento del empleo en el sector desde el inicio de la pandemia por Covid-19. En su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Parlamento, ha detallado este paquete de medidas económicas y administrativas que han permitido “contener el contagio, proteger la salud de las personas más vulnerables y reforzar el sistema de salud pública”.

Ruiz ha subrayado el esfuerzo de su departamento por atender las residencias y centros de día en la comunidad, “extremando las  precauciones para proteger a nuestros mayores y prestarles el cuidado y atención que merecen dada su especial vulnerabilidad”. Así, antes incluso de la declaración del primer Estado de Alarma se suspendieron las visitas domiciliarias del personal valorador y responsable de los Programas Individuales de Atención (PIA); se restringió el acceso a las residencias, se cerraron centros de día y se reconfiguró el servicio de ayuda a domicilio. 

Estas acciones fueron acompañadas de medidas económicas extraordinarias que tenían como objetivo garantizar la prestación de los servicios y asegurar el mantenimiento del empleo entre las entidades prestadoras de la dependencia. Así, ha detallado Ruiz, se movilizaron 21,8 millones para los centros de día y 35,6 millones de euros para el mantenimiento de la ayuda a domicilio,así como  1,8 millones para medidas de atención residencial. 

Además, se han abonado  12,4 millones de euros a las entidades prestadoras de servicios de atención residencial, centros de día y de noche para que pudieran hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia. 

“Este gobierno continúa apoyando la sostenibilidad de un sector que se ha visto seriamente afectado por las circunstancias acontecidas durante la presente crisis sanitaria, a la vez que respaldando el mantenimiento del empleo”, ha enfatizado la consejera. 

En este sentido, Ruiz ha recordado que la prioridad desde el primer momento, en el que acordó que fuera Salud quien asumiese la coordinación sanitaria de las residencias de mayores, fue evitar los contagios entre residentes y personal socio sanitario. Para ello, el 11% de las pruebas de infección realizadas en la comunidad se han realizado entre residentes y trabajadores de estos centros (un total de 834.378 test). 

“Una cifra que pone de manifiesto que nos hemos volcado con las personas más vulnerables para garantizarles la salud”, ha señalado Ruiz, para quien este esfuerzo queda demostrado por el menor porcentaje de hospitalización de personas procedentes de residencias durante la tercera ola de la pandemia. 

Así, entre enero y marzo de 2021, las hospitalizaciones de personas residentes alcanzaron el 3%, frente al 11,3% detectado en la primera fase de la crisis sanitaria. Y el porcentaje de centros con al menos un residente positivo en covid-19 en Andalucía fue  de 0.2% durante el mes de abril, frente al 0,5% de media nacional o a las tasas de 1,7% y 1,3% de regiones como País Vasco o Madrid. En este escenario, ha subrayado la consejera, ha tenido gran importancia la vacunación de residentes y personal sanitario y socio sanitario de residencias de mayores y centros de día vinculados.

Entre esas medidas extraordinarias puestas en marcha por la Consejería de Igualdad, Ruiz ha destacado el abono del 100% del coste de las plazas vacantes y la ampliación de la reserva hasta los 60 días naturales, abonándose la diferencia en el servicio de atención residencial, así como el abono de las plazas por salida voluntaria.

Además, se suma la ampliación de 500 nuevas plazas (300 para personas con discapacidad y 200 para mayores). Con este incremento, ha destacado Ruiz, “en solo dos años Andalucía ha ampliado en 1.265 la oferta de plazas de atención  a personas en situación de dependencia, un dato que contrasta con las 263 plazas en total que se crearon con el anterior Gobierno socialista”. 

Respecto a los centros de día, la consejera se ha referido al abono del 80% del precio/plaza y el seguimiento domiciliario o de carácter telemático para verificar que la persona quedaba debidamente atendida. Asimismo, “ante la situación de crisis sanitaria, las personas que hayan visto alteradas sus circunstancias de forma permanente, han visto priorizada la tramitación de la revisión de su PIA”, ha señalado. 

Además, la Consejería de Igualdad prepara ya un plan de choque para recuperar la normalidad de este servicio, “fundamental para las personas en situación de dependencia ya que previene que su situación se agrave” y que “responde a nuestro modelo de atención de proximidad y cercanía”. “Son centros seguros, y sus usuarios tienen garantizada la vacunación”, ha insistido para incentivar el regreso de los usuarios.

Por otra parte, ha destacado que la disminución del copago del 40 o 30% al 25% actual para plazas con y sin transporte “ha supuesto un ahorro de media de 980 euros al año por persona, algo que no se había modificado desde el año 2002 y que permite equiparar el copago de los centros de día de mayores a los de personas con discapacidad”.

En el caso del servicio de ayuda a domicilio, Rocío Ruiz ha remarcado que “desde el inicio, se ha garantizado la financiación de este servicio con un mínimo, equivalente a las liquidaciones correspondientes al mes de febrero de 2020, hasta el 21 de junio”. Además, desde el 1 de marzo está en vigor el incremento del precio/hora del servicio de ayuda a domicilio en un 12,3%, pasando de 13 a 14,6 euros, que beneficiará a 32.000 profesionales, en su mayoría mujeres. “Un precio nunca actualizado desde que se puso en marcha el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, ha subrayado.

Asimismo, Ruiz ha resaltado la reconfiguración de las atenciones domiciliarias de forma personalizada y el abono a los ayuntamientos y diputaciones provinciales del importe financiado establecido en el PIA, vinculado al compromiso de mantenimiento del empleo.

La consejera de Igualdad se ha referido por último a la implantación de la plataforma de gestión de datos de centros de servicios sociales, “un instrumento que permite unificar toda la información para tener un conocimiento exhaustivo de los recursos y elementos disponibles y agilizar la toma de decisiones”.