Imponer la custodia compartida por sistema es un error y una injerencia en las familias, según expertos
La AEAFA recomienda el estudio caso por caso, con medios suficientes para una correcta evaluación del interés del menor
Sistematizar un modelo de custodia compartida haya o no acuerdo entre las partes es un error según distintas organizaciones de mujeres, de familia y expertos, quienes consideran primordial estudiar caso por caso y dedicar atención y recursos a analizar en profundidad qué modelo conviene a cada niño menor de edad, pues ante los intereses confrontados de sus padres, es su interés superior el que debe regir en todos los procedimientos.
La custodia compartida se introdujo por primera vez en el ordenamiento jurídico español mediante reforma del Código Civil en el año 2005 aunque considerada como "excepcional" y sujeta a toda una batería de requisitos que la hacían minoritaria en los divorcios de mutuo acuerdo y casi inexistente en los procedimientos contenciosos.
Sin embargo, en 2013 el Tribunal Supremo interpretó la norma y lejos de avalar el carácter excepcional que concedía a la custodia compartida, estableció que se trataba del modelo "normal y deseable". Desde entonces se ha pronunciado en numerosas sentencias describiendo, por ejemplo, que no cabe si uno de los progenitores ha sido condenado por amenazar al otro, si se da "una situación de conflicto que dificulta gravemente el normal desarrollo" de la alternancia o cuando ninguno de los progenitores la ha solicitado.
En paralelo, a partir del año 2010 comunidades autónomas con derecho civil propio como Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra y Cataluña comenzaron a incorporar este modelo en sus regulaciones inclinando la balanza en favor de la custodia compartida. La última en hacerlo ha sido País Vasco, con una ley que entró en vigor en 2015 y que si bien no la fija como "preferente", se inclina por esta opción.
El PP no llevaba esta medida en su programa electoral para los últimos comicios pero Ciudadanos sí y ha venido promoviendo mociones en ayuntamientos y comunidades como la de Madrid en la que con apoyo de los populares ha defendido la implantación de la custodia compartida como modelo preferente. Una idea similar tuvo el exministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón, quien presentó un anteproyecto de Ley al respecto contestado por las organizaciones de mujeres que nunca llegó a pasar por el Consejo de Ministros.
Estas entidades defienden el modelo de custodia compartida como respuesta ideal a la corresponsabilidad en los cuidados, pero siempre y cuando se adopte en el marco del mutuo acuerdo que contempla la Ley del Divorcio y nunca como una decisión del juez contra la voluntad de una de las partes. Entre sus razones, el hecho de que muchas mujeres que sufren violencia de género no llegan a denunciar el maltrato y optan por la separación, momento en que sus hijos pueden convertirse en herramienta del maltratador para perpetuar el control sobre ellas.
Para la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, "la pretensión de imponer la custodia compartida en un divorcio representa violencia y sometimiento" y "deja a un lado sin dudarlo los derechos de los menores y por tanto el interés primordial de los hijos para permitir que preponderen los intereses adultos de sus progenitores".
"Todas las asociaciones coinciden en la misma idea: la custodia compartida impuesta va en contra de la igualdad y es una forma más de violencia contra las mujeres, ya que para que sea exitosa, se requiere un alto grado de confianza, cooperación y buena comunicación entre ambos progenitores", explica un documento suscrito entre otras por Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas, la Unión de Asociaciones de Familias (UNAF) o la UGT.
