Imputada la alcaldesa de Lobras en una operación contra una trama fraudulenta en el catastro
El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, ha informado este viernes de que la segunda fase de la operación 'Isolda' contra la trama para modificar de forma fraudulenta el Catastro de Granada se ha saldado hasta el momento con la detención de tres personas y la imputación de la alcaldesa de Lobras, la socialista Ana Rodríguez Gualda.
La operación se está llevando a cabo desde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y "aún no está cerrada", según ha detallado a preguntas de los periodistas el subdelegado, que por ello ha querido ser "prudente" respecto a los detalles de esta segunda fase de las actuaciones.
Pérez ha precisado que han sido detenidas tres personas vinculadas al mundo de la arquitectura y ha sido imputada la citada alcaldesa, aunque ha querido "romper una lanza" por los funcionarios del Catastro que se están viendo "inmersos en una cuestión que no es suya" y que, según ha defendido, obedece a "comportamientos individuales" de personas que, "quizá abusando de su confianza", han cometido una serie de irregularidades que deberán determinarse en el ámbito judicial.
Concretamente, y según señala el diario 'Ideal', que adelanta este viernes la noticia, han sido detenidos un funcionario del Catastro provincial de Granada, un abogado y un arquitecto.
La primera fase de la operación 'Isolda' se saldó con tres detenidos, un funcionario de la Gerencia Territorial de catatro, un arquitecto de la localidad de Alhendín y un empleado de una notaría de Albuñol, para los que el Juzgado de Instrucción 1 de Granada decretó libertad con cargos, imputándoles la presunta comisión de delitos de "falsedad en documento oficial, cohecho y negociación prohibida a funcionarios públicos".
Esta trama supuso entonces la imputación además de otras cinco personas, todo ello relacionado con la modificación temporal de las bases de datos del catastro con el fin de obtener certificaciones catastrales falsas a favor de particulares.
De este modo, daban cobertura legal a posteriores alteraciones en la titularidad de las fincas, modificando los registros públicos, para que esas fincas pasaran a propiedad de terceras personas a cambio de compensaciones económicas.
