Insatisfacción generalizada por “las formas y actitudes” de los revisores de la LAC

La LAC vuelve a estar en el punto de mira de las críticas. Y esta vez se han centrado, más allá del sobre coste de este servicio, en el propio servicio en sí. El Defensor del Ciudadano de Granada, Manuel Martín, ha comparecido esta mañana para poner de manifiesto que la “Rober debe actuar con el personal encargado de asesorar e informar en la Línea de Alta Capacidad”. Los motivos de esta petición residen en que a las oficinas de este organismo que vela por los derechos de los ciudadanos han llegado quejas sobre “los procedimientos, las formas y la actitud de los revisores”, según ha informado Manuel Martín.

Concretamente, desde octubre se han registrado, por escrito 33 quejas y prácticamente todas tienen el transfondo de “malas formas” por parte de los revisores.
“Esto es un problema de la empresa, no es una crítica directa a estos trabajadores, sino más bien un aviso por la insatisfacción generalizada que hay”, ha explicado Manuel Martín.

PICARESCA Vs FALLO

Las quejas vienen asociadas a los recargos de 40 euros que los supervisores de la LAC hacen a los usuarios al comprobar que no han validado su billete de viaje o el bonobús. Al mes, estos revisores efectúan una media de 300 recargos. Sin embargo, estos recargos no han acabado en sanciones, es decir, ningún usuario se ha negado

“Es un asunto complicado pero hay que distinguir entre la picaresca y el error”, ha comentado el Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, ya que, aunque la línea sea delgada, hay muchas ocasiones que se puede diferenciar si la persona no ha validado el billete adrede o no lo ha hecho por otros motivos como, por ejemplo, dificultad a la hora de entender el mecanismo, personas mayores, fallo de las máquinas expendedoras, movilidad…

MEDIDAS

El Defensor del Ciudadano pretende mediar en este problema a través de varias acciones. Por un lado, que Rober, la empresa que gestiona el servicio, lleve a cabo una labor formativa con los revisores en cuanto a formas y actitudes. “Los revisores deben informar a todos los usuarios pero, en especial, a los que tienen dificultades de validar”.

Y extiende la petición al ayuntamiento de Granada. “Queremos que se realice un seguimiento exhaustivo de los recargos que se están imponiendo por no validar correctamente el billete”, ha explicado el Defensor del Ciudadano de Granada, quien también pide que se revise la ordenanza municipal que regula los derechos y obligaciones de los usuarios del transporte público. “Hay que actualizarlo”, ha matizado.