Granada es la segunda provincia con mayor entrada de inmigrantes marroquíes

Son las nueve de la mañana y cientos de inmigrantes marroquíes refugiados en Granada se levantan pensando en los últimos quince días que les quedan en España tras ser denegada su solicitud de protección internacional LGTBI. Según las cifras de la Guardia Civil, la llegada de marroquíes ha crecido un 48,92% en Granada en 2020, confirmando que la provincia es la segunda en la entrada de inmigrantes por detrás de Algeciras.

Muchas de estas personas abandonan Marruecos huyendo del artículo 489 del Código Penal marroquí, que castiga las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Las condenas son interpretadas por jueces que pueden imponer entre seis meses y tres años de cárcel o multas de hasta 1.000 dirhams (100 euros), siendo el sueldo medio marroquí unos 390 euros. Y.L, marroquí LGTBI, afirma que "incluso los cargos se mantienen con el tiempo porque no hay ningún derecho para nosotros".

En este sentido, el artículo 4 de la Ley 12/2009 , de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria en España destaca que “las personas que solicitan protección internacional pueden ser beneficiarias de la llamada protección subsidiaria/asilo en aquellos casos en los que las autoridades aprecien la existencia de motivos fundados para creer que si regresaran a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en la ley”. La problemática se encuentra en la admisión de este derecho, pues se da preferencias a aquellos refugiados condenados a penas de muerte en su código civil o procedentes de países abiertamente en conflicto armado.

Según C.F., activista andaluza LGTBI, "no tienen preferencia aquellos que no hayan tenido una experiencia pasada bastante fuerte como una agresión o tortura. El asilo no se concede con carácter preventivo". Esta afirmación mantiene sin escapatoria a muchos marroquíes que se enfrentan a establecerse en España de forma ilegal o retornar a una cárcel sin rejas. El Ministerio del Interior informa que, durante 2020, se formalizaron 88.800 solicitudes, de las cuales 72.500 fueron desfavorables, haciendo efectivas tan solo el 5% de ellas. En Granada fueron 959 los solicitantes de protección internacional.

Apenas se pueden encontrar datos sobre los marroquís que piden asilo en España debido a su orientación sexual o identidad de género, puesto que tienen miedo a ser reconocidos. "La mayoría no señalan que abandonan sus países por ser LGTBI hasta pasado mucho tiempo”, explica C.F. Sin embargo, en algunas ciudades de Marruecos existen asociaciones LGTBI clandestinas, como Akaliyat.

GranadaDigital ha intentado ponerse en contacto con dichos solicitantes sin obtener respuestas pues, según Y.L., "es un tema tabú y está muy invisibilizado. La gente tiene miedo a ser perseguido o que lo relacionen con el colectivo por defenderlos. La homosexualidad solo es legal para el extranjero turista, pero para residentes es impensable".

"La integración se vuelve más complicada siendo una persona racializada, inmigrante y LGTBI. Las posibilidades de encontrar trabajo en España se complican más siendo transexual", afirma la activista andaluza LGTBI. Este hecho se confirma tras el estudio realizado por asociaciones malagueñas LGTBI el cual afirma que el 80% de los transexuales españoles se encuentran en paro, suponiendo una situación aún peor para los inmigrantes del país.

Estos sucesos podrían parecer exclusivos de Marruecos, pero se extienden por la mayoría de países de Oriente Medio. De hecho, este miércoles la Universidad de Granada ha celebrado la puesta en libertad de uno de sus estudiantes. Patrick Zaki, activista LGTBI, es uno de los matriculados en la Universidad de Bolonia del Máster Erasmus Mundus GEMMA, coordinado por la UGR. La ONG Egyptian Initiative for Personal Rights confirmó la libertad condicional de Zaki tras casi dos años de detención. Fue detenido en 2020 por sus críticas al gobierno egipcio por difundir "noticias falsas e incitación a protestar". Este pertenecía a la EIPR, organización de derechos humanos, quienes hicieron pública la detención del estudiante, denunciando las torturas a las que fue expuesto. "Fue golpeado, electrocutado, amenazado e interrogado sobre diversos temas relacionados con su trabajo y activismo", agregan desde la propia organización.

Esta realidad existe en más de 70 países donde ser LGTBI es un delito. Estas personas huyen de sus familias, de sus vecinos y de una cultura que criminaliza su forma de ser y sentir. Abandonan sus casas, que nunca fueron hogares, para refugiarse en una Europa que no siempre acepta sus situaciones. Actualmente, los derechos humanos tienen preferencia.