Los interinos responden al 'Icetazo': "Años de trabajo, sin recompensa"

La interinidad ha sido puesta en jaque por el propio Gobierno nacional de Pedro Sánchez. El pasado lunes llegó al congreso la nueva normativa conocida como 'Icetazo', que cambia toda la realidad de los interinos a as raíz de las normativas europeas. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público será la base de un nuevo Decreto Ley que contará con el beneplácito de tres de los principales sindicatos de trabajadores, como son CCOO, CSIF y UGT, aunque no todos están de acuerdo con esta situación.

Gobierno y sindicatos se escudan en las sentencias de Europa que obligan a reducir la temporalidad en las entidades públicas, que actualmente se sitúa en el 30%. El objetivo es que, en cinco años, pase a ser como máximo el 8%. Para lograr este cometido, el ministro Iceta ha elegido lo que para los propios interinos es uno de los peores métodos de hacerlo: unas oposiciones que prácticamente no van a respetar el tiempo trabajado en un puesto.

Esta nueva normativa va a afectar a todos los sectores que tengan funcionariado público. Esto quiere decir que los interinos de Sanidad, Educación, Justicia e incluso los que pertenecen a puestos en los organismos de gobierno local se verán afectados por este nuevo decreto ley. Toda una revolución que pondrá patas a arriba el sistema para más de medio millón de interinos en toda España.

En GranadaDigital nos hemos puesto en contacto con algunos de los afectados, que podrían incluso perder una plaza en la que llevan ya años, como el caso de Ángel. Este profesor de historia se presentó por primera vez a unas oposiciones en 2010, no logró plaza fija pero desde entonces comenzó a suplir bajas y sumar tiempo de trabajo como interino. "Ahora, con dos hijos pequeños el tiempo que me queda para estudiarme una oposiciones es muy bajo. Es un sacrificio que hacemos tanto mi mujer (también profesora interina) como yo", explica.

Ahora lleva casi once años de servicio y se encuentra con una situación excepcional en la que deberá volver a presentarse de nuevo a las oposiciones. Lo que solicitan los interinos y sindicatos minoritarios es una doble vía. "He aprobado el examen en numerosas ocasiones, este año he dado clase a segundo de bachillerato y he ayudado a preparar a los alumnos para Selectividad, lo que quiere decir que en mi centro confían en mi. No sé qué más tengo que demostrar. Queremos una doble vía, que se respeten nuestros conocimientos y los años trabajados y que los aspirantes novatos también tenga su oportunidad", nos cuenta.

En una situación similar se encuentra Carolina. Madre separada, tiene que cuidar de sus hijos de 8 y 4 años al mismo tiempo que da clases en segundo de bachillerato y se mantiene estudiando para la unas nuevas oposiciones. "Yo ahora no puedo estar dedicada a prepararme como lo hice en 2008 por primera vez, que estaba soltera y sin hijos. Ahora no puedo estar al 100% ya que mi tiempo no es el mismo y tengo más obligaciones", se lamenta Carolina, que al igual que Ángel pide una doble vía.

Además, alerta del posible hueco que esta nueva situación puede dejar en las arcas del estado y las comunidades: "Yo nunca he pedido el subsidio. Si yo pierdo mi plaza, y otros miles también tras muchos años cotizados, no nos va a quedar otra que ir al paro". Pero no es lo único que lamenta Carolina, que también teme la pérdida de la experiencia en el puesto ante la llegada de un aspirante que desconoce el funcionamiento de las entidades públicas y de las plazas. "La realidad se conoce en el puesto de trabajo y se va a producir una merma en la calidad", apostilla.

Educación y Sanidad son los dos sectores públicos que se verán más damnificados por esta nueva norma, pero no los únicos. Justicia y organismos de gobierno también están en la misma situación. Se puede dar la situación de que un trabajador de un Ayuntamiento, que no se ha presentado nunca a unas oposiciones, tenga que hacerlo. "Hay personas de 50 años, que llevan más de 20 trabajando en un mismo Ayuntamiento, y que ni siquiera saben cómo son los exámenes de oposiciones. Hay algunos a los que no se les puede pedir que se pongan a estudiar cuatro horas diarias porque no saben cómo", nos comenta Javier, otro interino que se ha presentado a las últimas oposiciones de Educación.

Desde otras organizaciones destacan que el principal problema que ofrece el nuevo régimen tan solo incluye la disminución de la temporalidad en los puestos de funcionarios, pero que no respeta el tiempo trabajado en los diferentes puestos. Por ejemplo, una persona que ha pasado 15 o 20 años trabajando en un mismo puesto, se tendrá que presentar a unas oposiciones, en la que los méritos, como ha venido siendo habitual, pasan a un segundo plano.

Esa es la principal reivindicación que hacen desde STEs, uno de los principales sindicatos de enseñanza. "Algunos llevan muchos años en su puesto, tienen familia, obligaciones y para presentarse a una oposiciones no parten en igualdad de condiciones que los que acaban de terminar una carrera, que suelen tener más tiempo libre", destaca José Ramón Merino, responsable de Política Educativa de la Confederación de STEs.

Aun así, Merino puntualiza que no se trata de impedir que los más jóvenes accedan a puestos públicos: "Cada año se jubilan una gran cantidad de personas y creemos que esas plazas sí deberían salir a concurso público, pero no las que están siendo ocupadas ahora mismo por interinos". Desde el sindicato, además, lamentan las vueltas que dio el recientemente ex ministro Iceta, ahora al mando de Cultura, que incluso anunció la posibilidad de realizar un concurso de méritos para que los propios interinos mantuvieran sus plazas, pero que terminó siendo una cortina de humo para la decisión que finalmente se tomó.

Los ánimos están muy caldeados entre los interinos, sobre todo con los sindicatos mayoritarios que han apoyado la medida. Consideran que el Gobierno sigue estando desactualizado tanto en el sistema en el que se realizan las oposiciones como con la solución que han dado a la reducción de la temporalidad. Algunos de los afectados por este nuevo Decreto Ley se están planteando la posibilidad de iniciar procesos legales ante lo creen que es "una injusticia por todo lo que han trabajado durante tantos años por establecerse en su puesto".