Investigadas 799 empresas en 2015 y detectado un fraude a la Seguridad Social de más de 13 millones

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han investigado en Andalucía durante el año 2015 a un total de 799 empresas, de las que 256 han sido propuestas para sanción administrativa, lo que ha permitido además detectar un fraude global a la Seguridad Social de más de 13 millones de euros.

Así lo ha dado a conocer este domingo la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota en la que ha explicado que, durante este mismo período, se detectaron 110 empresas ficticias y se realizaron 1.813 inspecciones en centros de trabajo en la comunidad autónoma, dentro de la campaña centrada en la Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social impulsada por el Gobierno de España.

Asimismo, según el informe publicado por el Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esclarecieron 2.314 delitos y 2.337 faltas administrativas en relación con la Ley de Extranjería, mientras que se identificaron y liberaron a un total de 174 víctimas de trata de seres humanos por explotación laboral en Andalucía.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado que el valor del fraude detectado a la Seguridad Social en Andalucía a lo largo del año 2015 se estima en más de 13 millones de euros, lo que, a su juicio, es exponente de "la gran labor" que realizan Policía Nacional y Guardia Civil en la lucha contra el fraude y la corrupción, en colaboración con otros organismos de la Administración del Estado, a los que ha agradecido "el gran trabajo" que están realizando.

IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN

El delegado del Gobierno ha señalado la importancia de la cooperación entre los diferentes departamentos para combatir el fraude generado a la arcas del Estado por empresas ficticias, y ha señalado, a este respecto, que el convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las FCSE, firmado el 30 de abril de 2013, ha sido una herramienta "fundamental".

Desde la Delegación del Gobierno resaltan que, según los datos recabados por el Ministerio de Interior, estas actividades registraron en 2015 una tendencia decreciente contra el fraude al sistema de la Seguridad Social en España.

De las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 2015, destaca "muy positivamente", en opinión de Antonio Sanz, la creación y puesta en marcha de los equipos mixtos operativos formados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La operación más importante realizada a lo largo del año pasado, que se desarrolló en Granada, Málaga, Almería, Madrid, Valencia y Alicante, fue la 'Operación Lente', en la que se detuvieron e imputaron a 251 personas por una presunta estafa a las arcas públicas de casi 3,5 millones de euros.

Por provincias, Málaga fue donde más empresas se investigaron, un total de 181, seguida de Sevilla, con 165.

OTRAS OPERACIONES DESTACADAS

Además de la 'Operación Lente', entre las actuaciones destacadas figura también la 'Operación Cursos CAP', desarrollada en Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla. Una empresa que organizaba cursos de formación con sede en Almería ofrecía a empresas relacionadas con el sector del transporte la obtención del Certificado de Aptitud Profesional del Conductor (CAP) sin asistir a los cursos obligatorios para obtener dicha certificación, que deben ser impartidos en autoescuelas y centros de formación homologados.

La mayoría de estos cursos se subvencionaban con créditos que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) pone a disposición de las empresas para la formación de sus trabajadores, con lo que el fraude generado es aún mayor, según resalta la Delegación del Gobierno.

De la documentación intervenida en los registros de los domicilios sociales en 17 centros de formación investigados y en los propios centros se detectaron diversas irregularidades, como el presunto uso fraudulento de datos de trabajadores (alumnos) por empresas que pretendían obtener ayudas en materia de formación, o bien fondos desviados a fines particulares, como el de pagarse el empresario contratante de los servicios u otra persona de su entorno sus propios permisos CAP para seguir operando en el sector.

Durante esta investigación, se constató la existencia de casos en los que los alumnos no reunían los requisitos necesarios para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional del Conductor (CAP). Algunos ni aparecían inscritos en la autoescuela o centro de formación para recibir la formación que al empresario sí le era bonificada, según explica la Delegación del Gobierno, que recuerda que en el marco de esta operación se procedió a la detención o imputación de 38 personas.

La 'Operación baile', por su parte, se desarrolló en Valencia, Alicante, Málaga, Granada, Huelva, Vizcaya, Pontevedra, Lugo y Madrid, y en ella se investigaron 27 empresas constituidas que presuntamente había proporcionado altas a la Seguridad Social a distintas personas y una vez alcanzados los períodos de cotización necesarios, propiciaron el cobro de prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a un total de 88 personas.

Además, estas empresas ficticias presuntamente facilitaron los documentos necesarios para la regularización administrativa de 11 personas extranjeras. Esta operación se saldó con 65 detenidos y 23 imputados, y el fraude detectado estimado es de 1.400.000 euros.