Investigan al gerente de Emucesa por supuestos delitos de prevaricación y fraude a Seguridad Social

El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada está investigando al gerente de Emucesa, la empresa que gestiona el cementerio de San José, por posibles delitos de prevaricación y fraude al sistema de las prestaciones a la Seguridad Social, en la causa abierta sobre supuestas irregularidades en la contratación de altos cargos en esta entidad durante la etapa de gobierno del PP.

En un acta fechada este viernes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado ha aplazado al 14 de mayo la declaración del gerente de Emucesa, después de que su defensa haya planteado como cuestión previa que se concreten "cuáles son los hechos ilícitos objeto de imputación a su defendido", en "aras a garantizar" su "derecho de defensa".

El Ministerio Fiscal le imputa un delito continuado de prevaricación por omisión en concurso con un delito de malversación y un delito de fraude al sistema de las prestaciones a la Seguridad Social; o, en su caso --en atención a la fecha de los hechos-- un delito continuado de falsedad en concurso con un delito continuado de estafa.

Emucesa, que denunció el asunto ante el juzgado a finales de enero, no articula "imputación alguna" contra el gerente y tampoco lo hace la acusación popular ejercida por la concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez. Respecto al resto de partes representadas en el proceso, tanto el PSOE como el Letrado del Estado, se adhieren a la tesis del Ministerio Fiscal.

El Juzgado fija en este nuevo escrito la declaración del gerente de Emucesa para el 14 de mayo y realiza también algunos cambios en las fechas de los seis trabajadores investigados para este asunto, que irán prestando declaración el 14, 15 y 29 de mayo.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación a raíz de la denuncia que presentó Vamos Granada sobre supuestas contrataciones irregulares en Emucesa durante la etapa de gobierno del PP en el Ayuntamiento. Lo hizo después de que informes técnicos concluyeran que, entre 2003 y 2012, cuando la empresa era cien por cien pública, se beneficiaron de estos contratos seis personas con un coste de mas de 300.000 euros y sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa y realizara algunos trabajos.

La decisión de los dos exconsejeros delegados Eduardo Moral y María Francés, del PP, de poner el asunto en conocimiento del juzgado propició que la Fiscalía archivara las diligencias, siguiendo la causa su curso en el Juzgado, donde ya han prestado declaración en calidad de investigados.

Ambos negaron irregularidades en las contrataciones, incidiendo en que estas personas realizaron la labor para la que fueron empleadas y que nunca hubo "reparos" ni desde el Consejo de Administración, ni de la Gerencia ni en las auditorías externas que se realizaron en aquellos años.