Investigan posible falsificación de documentos en la adjudicación de casetas de fiestas de Santa Fe

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Santa Fe (Granada) ha abierto una investigación sobre un posible caso de estafa, prevaricación y falsificación de documentos en la adjudicación presuntamente irregular de las casetas municipales de las fiestas de Santa Fe y dos de sus anejos, El Jau y Pedro Ruiz, en el año 2012.

Según consta en una reciente providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha imputado ya a un total de cinco personas, cuatro empresarios y un técnico, por un supuesto delito de prevaricación y otro de falsedad documental, y ha comenzado ya a citarles para declarar en sede judicial, el primero para el próximo 1 de diciembre.

La apertura de diligencias se sustenta en un amplio informe realizado por la Guardia Civil, que considera que "existen indicios suficientemente racionales para pensar que presuntamente por los imputados se falsificaron documentos y se presentaron otros con la intención de producir engaño suficiente en los responsables municipales encargados de tramitar y conceder las autorizaciones necesarias para la instalación y puesta en marcha de las casetas municipales de las fiestas de Santa Fe, El Jau y Pedro Ruiz del año 2012".

Además, también cuestiona el equipo de Policía Judicial de Santa Fe, que ha elaborado el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el papel del Ayuntamiento de la localidad, porque su actuación "pudiera haber sido demasiado permisiva o haber existido falta de diligencia en el control y comprobación de dicha documentación" y abre la puerta a una futura investigación en ese sentido.

De hecho alude concretamente a uno de los expedientes, relativo a las fiestas de Santa Fe del año 2012, para el cual no se aportó por los empresarios las certificaciones que debió realizar el ingeniero técnico industrial sobre el cumplimiento de medidas de seguridad de una de las casetas y las propuestas incluidas en su propia memoria técnica, cuando "sin embargo no consta que ningún responsable municipal le solicitara que se acreditase que dichas medidas realmente se cumplían".

Por ello, los agentes indican en su informe que, "en relación a posibles responsabilidades por parte alguna de las personas encargadas de la tramitación de los expedientes administrativos" o de las personas encargadas de resolver las autorizaciones para la instalación y puesta en marcha de las casetas municipales, "se continuaría investigando" en caso de que así se considere oportuno por parte del juez.

Para la Policía Judicial, no existen todavía datos en relación a los beneficios que les reportó a los investigados la actividad de explotación de las barras de las casetas municipales; pero se observa "una clara intención de llevar a cabo actuaciones presuntamente engañosas con el fin de conseguir la concesión de las licencias para las tres casetas municipales".

Así, el pasado mes de julio resultó imputado el identificado como Francisco J.V.G., administrador único de la empresa adjudicataria de las casetas, Crew Producciones, por posible falsedad documental al haber firmado con el Ayuntamiento de Santa Fe los tres contratos "haciendo creer al ente local" que sería el que instalaría las casetas municipales y explotaría las barras, cuando realmente lo hicieron otros dos empresarios, sin que éstos "reunieran los requisitos legales para obtener por sí mismos dichas autorizaciones administrativas".

También están imputados estos dos empresarios, Antonio R.M. y a su socio, Raúl S.A., por haber presentado documentación presuntamente falsificada para la obtención de las adjudicaciones, y un ingeniero técnico industrial, Samuel M.M., por supuestamente haber falsificado también certificaciones de instalación eléctrica y de solidez de las carpas para las casetas municipales, y certificar que se cumplía una memoria técnica, cuando no era así.

Finalmente, el quinto imputado es el también empresario Gonzalo A.G., quien, según la Guardia Civil, proporcionó a Antonio R.M. --con quien está imputado también en el conocido como caso 'Mercamed', de falsificación de facturas-- una póliza de seguro a nombre de la mercantil de la que fue administrador denominada Barroco Ocio S.L., con el fin de lograr la concesión --para Antonio R. M.-- de la apertura de las casetas municipales "a sabiendas de que esa póliza no cubría ningún riesgo en el caso de que éste se hubiera producido".