Isabel Nieto defiende la legalidad de la operación urbanística junto al Serrallo Plaza

La concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto (PP), que ha declarado este jueves ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada en calidad de investigada por un supuesto delito de prevaricación urbanística en el llamado 'caso Serrallo', ha defendido la legalidad de su actuación y se ha mostrado convencida de que la causa "se archivará".

Nieto ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras declarar durante aproximadamente tres horas en relación con la operación que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, junto al centro comercial Serrallo Plaza.

La edil ha relatado que ha sido interrogada principalmente sobre si la carpa que cubre la pista de patinaje computa edificabilidad, algo que ha negado, y acerca de la legalidad de construir una discoteca en un sistema general de espacios libres.

A este respecto ha defendido que esta infraestructura no está expresamente prohibida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ni en otra normativa urbanística, alegando que, de hecho, existen discotecas en parques de todas las ciudades andaluzas.

Ha negado igualmente que haya habido "un pelotazo" por parte del concesionario, en tanto que se ha hecho un estudio económico en el que ha quedado demostrado "que ha sido perjudicado".

La concejal de Urbanismo ha matizado además que el pliego de condiciones exime al Ayuntamiento de Granada de "toda responsabilidad", pues "todo era a riesgo y ventura del concesionario; cambiar los columpios, poner una discoteca o si sale mal el negocio, el Ayuntamiento está blindado", ha relatado.

Por otra parte ha tachado de "totalmente falsa" la declaración que hizo ante la titular del Juzgado Jacobo de la Rosa, que fue director general de Urbanismo en la época de las construcciones comerciales y de ocio en el Serrallo y que afirma que se le obvió en el procedimiento para la solicitud de licencias y modificados a sabiendas de que no las iba a admitir a tenor de su "ilegalidad". Nieto ha negado este extremo, achacando sus declaraciones a "problemas personales".

La edil ha defendido que en este expediente trabajaron más de una treintena de funcionarios, los cuales "están convencidos" de que el procedimiento que se ha seguido es el "correcto" y, por tanto, ella "no tiene que dudar de eso".

"Es un expediente que empezó en 2005 y que todavía está vivo", "no tienen sentido estas diligencias" porque han intervenido una gran cantidad de funcionarios y todos están "unánimemente de acuerdo en que todo está correcto", ha reiterado.

Por todo ello, ha pedido "respeto y paciencia", advirtiendo de que estar "en una campaña electoral no puede servir para criminalizar a nadie antes de la cuenta".

Fue la Fiscalía la que en febrero del pasado año denunció a un promotor inmobiliario y a cinco altos cargos de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada por posible delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la citada operación junto al centro comercial Serrallo Plaza.

DENUNCIA DE UN PARTICULAR

El Ministerio Público abrió una investigación por este caso después de que un particular, exfuncionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, denunciara posibles delitos urbanísticos en el sistema general de espacios libres.

Los hechos se remontan al año 2006, cuando se otorgó concesión administrativa para la realización de un parque de atracciones infantil junto al Serrallo Plaza. El objeto de esa concesión fue sin embargo "modificado sucesivamente a través de alteraciones del proyecto de urbanización" que debía concretar las obras a desarrollar en el parque, incorporando incluso varias edificaciones "sin solicitar licencia para ello", según sostiene la Fiscalía.

Con posterioridad, a través de licencias de obra menor se cubrió la pista de patinaje y se adecuaron interiormente los dos pabellones destinados a restauración, procediendo igualmente al arranque de ejemplares de árboles situados dentro de la zona verde para realizar determinadas obras que permitieran el acceso de vehículos al interior del parque.

Todas estas actuaciones fueron "cercenando paulatinamente el uso propio y público a que se ha ido orientando la utilización y protección de las zonas verdes en el urbanismo".

Una vez finalizadas las actuaciones, el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, con fecha 29 de enero de 2013, suscribió escrito en el que ponía de manifiesto la "ilegalidad de las actuaciones". Ante ello, se presentaron diversos informes en los que se pretendía "argumentar la legalidad de las actuaciones" a través de una interpretación de una norma, favorable a flexibilizar la introducción de usos ajenos a los espacios libres en dichas parcelas.

Según la Fiscalía, ciertamente, la redacción de ese artículo "no resulta muy afortunada", pero las interpretaciones efectuadas "resultan contrarias a la preponderancia de los espacios libres frente a los restantes equipamientos que propone la LOUA, la jurisprudencia así como la doctrina del Consejo Consultivo; interpretación que implicaría asimismo posibilitar directamente la alteración del uso de parques, jardines o espacios libres sin tramitar la oportuna modificación del planeamiento no requerir el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo".

"PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO"

Según el fiscal, la actuación mediante plataformas en un terreno de gran pendiente "ha devenido en que las únicas zonas accesibles e idóneas para el paseo o la estancia se hayan ocupado con las distintas construcciones" que además, a través de vallados, "han procedido a una privatización del espacio público".

"Ello se agrava con la banda perimetral al centro comercial, ya que de no existir ésta, las pendientes habrían sido más suaves y más accesible el conjunto del parque. Peor aun cuando se comprueba que esa banda no se destina al uso peatonal autorizado sino al tráfico rodado y aparcamiento", indica en su denuncia.

En definitiva, a través de interpretaciones contrarias a la defensa de los espacios públicos se ha autorizado, "a través de un procedimiento no ajustado a derecho, una extensión del centro comercial adyacente a través de la implantación de usos lucrativos (algunos incompatibles con el planeamiento) que exceden incluso de la ocupación máxima permitida".

En el presente caso, el proyecto de urbanización aprobado por la Comisión Ejecutiva de 20 de diciembre de 2011 y 20 de marzo de 2012 fue sometido "exclusivamente" a informe del Arquitecto municipal, siendo así que modificó las características de la instalación "sin tomar a consideración los aspectos jurídicos administrativos de la modificación contractual y la concurrencia de los requisitos exigibles legalmente y en el propio Pliego de Condiciones".

Según el fiscal, la documentación presentada que contenía las modificaciones operadas debió ser remitida a la Subdirección de Gestión a la vista de que afectaban a la concesión del parque de atracciones infantil y, en tal caso, "se podría haber sometido al procedimiento de modificación contractual establecido legalmente con carácter obligatorio" y con ello "proceder a comprobar si estaba justificada por razón de interés público y si dichas modificaciones eran consecuencia de necesidades nuevas o causas imprevistas".

Así, el acuerdo municipal de aprobación del proyecto de urbanización "no es el instrumento idóneo para llevar a cabo la modificación contractual", y, por tanto "resulta imprescindible la retroacción de las actuaciones en la parte que afecta al parque de atracciones infantil", según argumentaba el fiscal en su denuncia.