Isabel Nieto defiende que la cesión de la Casa Ágreda se tramitó "con exceso" de garantías

La exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Isabel Nieto (PP) ha defendido este lunes ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada que la adjudicación del derecho de superficie con opción a compra de la Casa Ágreda "se ajustó a la legalidad con exceso", pues se tramitó "con más procedimientos y garantías" de las que exige la normativa.

Nieto ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras declarar durante más de dos horas como investigada en esta causa, en la que se investiga la comisión de posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la adjudicación de este inmueble del siglo XVI situado en el Albaicín a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo.

La exedil de Urbanismo afirma que la normativa vigente permite ceder gratuitamente el uso de inmuebles a entidades sin ánimo de lucro. También en el caso de la Casa Ágrega, que según ha agregado, podría haber sido adjudicado sin necesidad de concurso público --que sí se hizo-- o venderse a un precio simbólico y "sin embargo se valoró correctamente".

"Todo lo demás son inventos y ganas de enredar y yo confío en que esto se archive", ha agregado Nieto que también está investigada en la llamada 'Operación Nazarí' que forzó su dimisión y la del entonces alcalde, José Torres Hurtado, desencadenando el cambio de signo político en el Ayuntamiento de Granada, ahora gobernado por el PSOE.

Nieto asegura que el Ayuntamiento "se ha excedido en el procedimiento con todas las garantías cuando la ley no lo exige", por lo que a su juicio partiendo de ahí "todo lo que se pueda discutir" sobre el precio fijado en la operación u otros pormenores "no tiene trascendencia".

Así, ha lamentado que, a pesar de que desde Urbanismo el anterior equipo de gobierno del PP tramitó "montones de cesiones gratuitas de inmuebles municipales", se haya "liado una historia terrible" con la Casa Ágreda "para una vez que se intenta asegurar que se va a hacer una rehabilitación en condiciones".

Preguntada sobre los motivos por los que este expediente se tramitó desde Urbanismo, la exedil ha dicho que estos y otros asuntos siempre los ha llevado este departamento porque el servicio de Patrimonio era "pequeño" y no tenía capacidad para hacerlo.

Nieto ha cerrado una ronda de declaraciones que abrió el pasado 29 de septiembre el exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP), quien negó "irregularidades" en el expediente por el que se adjudicó el inmueble a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).

En la misma línea se han pronunciado ante el juez el exdirector técnico de obras municipales, Manuel Lorente --que defendió la legalidad de la tasación que hizo de este palacio declarado BIC-- y otro funcionario de Urbanismo cuya declaración se centró en el proceso administrativo seguido en la operación.

Desde la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo negaron el posible tráfico de influencias al que apunta la Fiscalía y defendieron un expediente hecho "a la perfección", enmarcando la causa en un "enfrentamiento entre partidos".

DENUNCIA DE LA OPOSICIÓN

El caso de la Casa Ágreda fue puesto en conocimiento del Ministerio Público a finales del pasado año, tras la denuncia que presentaron el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca --hoy alcalde--, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez y el portavoz de IU, Francisco Puentedura.

Todos ellos acusaron al equipo de gobierno del PP de haber "enajenado" un bien de interés cultural tasado en más de cuatro millones de euros por un precio "que apenas alcanzaba" el valor del suelo en el que se sitúa.

Tras la denuncia --a la que después se sumó la de un empresario por el mismo asunto--, la Fiscalía abrió diligencias el pasado 2 de diciembre.

Para la Fiscalía, en este caso puede existir un posible delito de tráfico de influencias, al considerar que el alcalde pudo ejercer "presión" para dar luz verde a la operación, y al menos dos concejales se beneficiaron del proceso (Francisco Ledesma y Fernando Egea), que viajaron a Rabat, en Marruecos, para unas jornadas hispano-marroquíes invitados por AIDE "con todos los gastos pagados", justo después de la 'luz verde' a la adjudicación.

También cree que pudo cometerse prevaricación administrativa en las Juntas de Gobierno Local de 12 de septiembre de 2014 y 6 de marzo de 2015, y ve posible malversación de caudales públicos en la contratación realizada sobre la Casa Ágreda por los responsables de los hechos en perjuicio de las "arcas municipales".

Por ello, formuló denuncia contra siete personas --el exalcalde, la concejal de Urbanismo, Manuel Lorente, la interventora adjunta del Ayuntamiento, los dos técnicos que firmaron el informe de valoración, y el funcionario que redactó el pliego de condiciones-- y además contra los componentes de las dos Juntas de Gobierno Local puestas en cuestión.