IU critica que el Ayuntamiento no se acoja al programa de ayudas al alquiler a familias con rentas bajas

IU ha criticado que el Equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada, “no se haya sumado a la línea de ayudas al alquiler para personas inquilinas en situación de especial vulnerabilidad, que ha publicado la Consejería de Fomento y Vivienda”. Según afirma el portavoz municipal Francisco Puentedura Anllo “la orden con las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas correspondiente a 2014, fue publicada a primeros de agosto y el plazo para solicitarlas finalizó el 1 de Octubre”. A estas ayudas, asegura IU, “no se ha sumado el Ayuntamiento de Granada ni la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMUVYSSA) como entidades colaboradoras, un programa de ayudas destinado a impedir más desalojos y desahucios y para que se garantice el derecho a la vivienda de los granadinos en situación de especial riesgo de quedarse sin hogar”

Puentedura señala que el Ayuntamiento de Granada muestra una falta de humanidad y de sensibilidad absoluta, “al rechazar un programa para impedir que nadie se quede en la calle por falta de vivienda, y beneficie a los ciudadanos de Granada en grave situación de exclusión y garantice el derecho a la vivienda”. Además el portavoz municipal señala que “el plazo finalizó el 1 de Octubre con lo cual estas ayudas no podrán ser efectivas en este año 2014, puesto que el equipo de gobierno se ha negado a tramitar la solicitud y tampoco ha querido firmar un convenio de colaboración”.

Es por ello que el concejal de Izquierda Unida exige al gobierno municipal “que de explicaciones de por qué ha rechazado una línea de ayudas para atender a familias en situación de especial vulnerabilidad con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (unos 12.000 euros netos), para el alquiler de viviendas gestionadas por entidades públicas y contribuir así a combatir el stock de VPO que aún se encuentran vacías en la capital granadina”. Puentedura recuerda que en Granada se mantienen 42 viviendas vacías de titularidad municipal, en el Edificio Apache, entre la Chana y Bobadilla, además de las viviendas en el residencial los olivos en el Fargue, un edificio de viviendas vacías en la Calle Lepanto en el Centro de la ciudad y otras viviendas vacías en el Barrio de Santa Adela en el Zaidín, con lo que estas viviendas vacías que deben destinarse a cubrir todas estas situaciones de emergencia social”.

Para IU “el gobierno municipal ha perdido una oportunidad para que el Ayuntamiento, ponga en uso todas esas viviendas, y se conseguiría paliar verdaderos dramas que están sucediendo ahora en nuestra ciudad”. Además este programa de ayudas “tiene garantías ya que es la Junta de Andalucía quien paga la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar, por lo que no tienen excusa alguna para no acogerse a esta línea de ayudas al alquiler” asegura Puentedura.

El portavoz de IU señala que esta línea de ayudas establece “que los ingresos de los beneficiarios no podrán ser superiores a 1,5 veces el IPREM, de tal forma que la aportación a realizar por la persona arrendataria para el abono de la renta de referencia no podrá superar el 25% de la suma de los ingresos percibidos por la totalidad de la unidad familiar y la ayuda que se solicita deberá contribuir al pago de las mensualidades del año natural al que se refiere la convocatoria, incluso de contratos ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden”. En la misma línea Puentedura asegura que “los requisitos fijan que los miembros de la unidad familiar no deben disponer de la titularidad sobre ninguna otra vivienda y que no deben tener relación de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda, con lo que la orden acota muy bien los destinatarios”.

“Sin embargo a pesar de estas garantías el PP de Granada se ha negado a sumarse a esta iniciativa, y también se niega a habilitar su parque de viviendas, actualmente en régimen de venta, para alquiler social para Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad y que están en riesgo de desahucio o desalojo, una medida fundamental para centenares de familias en una ciudad que está entre las 15 ciudades españolas con mas porcentaje de viviendas vacías, con alrededor de un 20% del total”.