IU denuncia una “escandalosa” gestión en la construcción del Centro Lorca, que deja un "pufo económico de más de 10 millones de euros"
Puentedura afirma que la auditoría refleja que existen 2.563.000 euros de facturas a proveedores "cuyos pagos aún no ha materializado la Fundación Lorca"
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, califica de “escandalosa” la situación en torno al Centro Lorca, “no solo por los más de 3,8 millones de euros sin justificar que muestra el resultado de la auditoría, sino también porque dicha auditoría refleja que existen 2.563.000 euros de facturas a proveedores, cuyos pagos aún no ha materializado la Fundación Lorca”.
En definitiva, el Centro Lorca acumula, según explica Puentedura, “un pufo económico que supera los 9 millones de euros teniendo en cuenta los 4 millones de La Caixa, los 3.862.000 euros de resultado negativo de la auditoría y los 2,5 millones de facturas pendientes a proveedores". Unas cifras que dejan traslucir una “gestión escandalosa”, y sobre la que las administraciones tienen que "rendir cuentas muy nítidamente”.
Puentedura critica duramente que el “pufo” económico generado entre el año 2004 y 2015 se da en un proceso de construcción del Centro “con una absoluta falta de control por parte de las administraciones públicas”. Para el concejal, no solo son responsables de esta deuda aquellos a los que se encomendó la construcción del edificio y no pueden justificar las facturas, también lo son las administraciones que forman parte del Consorcio –Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Ministerio de Cultura- “por hacer dejadez de funciones respecto al dinero público”.
Por otro lado, el concejal de IU ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que la auditoría “dé por justificados pagos que no deberían estarlo”. Puentedura se ha referido concretamente al contrato con Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento, una empresa de titularidad del antiguo secretario de la Fundación y que, tal y como explica el edil, “según la Fundación se había fugado y había sido denunciado por comisiones y contratos ilegales, y, sin embargo, a este contrato de seguimiento de las obras se le reconocen facturas por casi 900.000 euros”. A juicio de IU, estas facturas no deberían estar justificadas “nunca en tanto que son fruto de un contrato ilegal”. Para justificarlo, Puentedura indica que la propia auditoría señala que “no se ha tenido acceso al contrato de origen, del 2004, y que se estableció un procedimiento de prórroga sin que exista ningún preaviso. Es decir, hablamos de un contrato que el exsecretario se autoadjudica en sucesivas prórrogas”. El concejal izquierdista recuerda, además, que dicho contrato forma parte de un proceso de investigación judicial.
Desde IU quieren conocer la determinación que las administraciones que forman parte del Consorcio van a tomar a partir de ahora. Puentedura ha considerado “inteligente” que el alcalde de Granada decidiera ayer poner sobre la mesa el expediente de liquidación de la encomienda de gestión a la Fundación, un procedimiento administrativo que tiene como finalidad “que se aclaren definitivamente las cuentas, dar audiencia a la Fundación para que aclare lo que queda por justificar, si puede o no hacerlo, y cómo va a hacerlo, y, a partir de ahí, hacer el expediente definitivo y que las administraciones tomen las decisiones oportunas sobre cómo pedir el reintegro de las cantidades sin justificar”.
No obstante, Puentedura se ha mostrado preocupado por que la propuesta de liquidación que se presentaba en el Consorcio mantiene “lo que a nuestro juicio es una barbaridad: que la diferencia negativa es solo de 3,8 millones de euros”. El edil insiste en que los casi 900.000 euros que la auditoría justifica al contrato “irregular” de la empresa del anterior secretario de la Fundación no han lugar, y reclama que el proceso administrativo que se abra tenga en cuenta la naturaleza jurídica de dicho contrato. Además, pide que el expediente de liquidación refleje a quién se le van a pedir responsabilidades por los 2,5 millones de euros sin saldar de pagos a proveedores; que, al cierre del expediente, las administraciones “no solo exijan hasta el último euro sino que emprendan las acciones legales oportunas para que se depuren responsabilidades”, y, finalmente, IU exige que el legado del poeta llegue al Centro en el más breve plazo posible.