IU exige un cambio para acabar con el procedimiento abusivo de sanciones a usuarios de la LAC

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada ha pedido que con “urgencia” se modifique el reglamento que regula los derechos y obligaciones de los usuarios del transporte público en la ciudad para acabar con lo que considera como “una situación abusiva” cuando se producen sanciones que llegan a los usuarios de la LAC, “por haber pasado correctamente el bonobús o el billete ordinario de viaje” en las máquinas habilitadas en las paradas del sistema de transporte. La sanción es de 40 euros y, en muchos de estos casos denunciados, se debe, según explica el portavoz de IU en el ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, o bien que las máquinas validadoras no son accesibles, con lo que muchos usuarios, especialmente personas mayores o con problemas de visión y oído, no se dan cuenta de que no ha “picado” bien la tarjeta, o bien a que algunas máquinas están averiadas. Por lo tanto, tener que pagar 40 euros de multa se vuelve algo injusto. Según señala el concejal de IU se producen alrededor de 300 sanciones mensuales, según datos del área de movilidad, a usuarios que no tienen voluntad de defraudar “con lo cual la imposición de estas sanciones es injusta y abusiva”.

El Grupo Municipal de IU alertó al equipo de gobierno en el último pleno municipal sobre esta situación “algo a lo que la concejala de Movilidad y Seguridad Ciudadana, María Francés y el Alcalde de Granada no han sido sensibles”, por lo cual “exigimos cuanto antes la modificación del reglamento y la solución a este problema”. Además el portavoz municipal de IU señala como “excesivo” los datos aportados por el equipo de gobierno del número de revisiones al mes en la LAC “unas 250.000 lo que implica en en un mismo trayecto a un usuario se le pueda revisar hasta tres veces”. Para Puentedura “la labor principal de un revisor debe ser informar y facilitar que las personas con más dificultad puedan validar de forma correcta su billete, no estar sobre inspeccionando este servicio”.

Además el edil de IU señala este acto, el de sancionar al usuario sin posibilidad, en un primer momento, de alegar o explicar su versión de los hechos, “es algo violento porque se hace en el mismo momento, dentro de la LAC. Un procedimiento que se debería resolver con discreción y no en público porque a veces se trata de errores y los usuarios quedan como delincuentes”, ha explicado Puentedura.

El edil de la formación ha dejado claro que los revisores no son los culpables. “No queremos señalar a los revisores de la LAC como responsables porque ellos actúan bajo instrucciones”. Por eso, IU exige que se modifique el reglamento del transporte público en materia de sanciones y que se adecue con un “procedimiento sancionador con garantías jurídicas y con respecto a los usuarios”. “El sentido común demuestra quién ha tenido voluntad de pagar y quién no”, asegura Puentedura, dando a entender que, por ejemplo, hay personas mayores o con problemas de visión, que tienen más dificultades a la hora de saber si han “picado” el bonobús de forma correcta o si el lector de billetes ordinarios ha leído bien el código de barras “muchas veces no escuchan la señal sonora o no se ve bien la pantalla donde se indica cuando le da la luz diurna de forma directa”.

“Se tiene que abrir un procedimiento administrativo para que los usuarios puedan presentar alegaciones y dar su versión de los hechos”, ha apuntado Puentedura, antes de que se expongan a la sanción posterior, de unos 250 euros, si se niegan a aportar los 40 euros de multa por no presentar ese justificante de pago del trayecto.

El Grupo Municipal de IU señala que “nos han llegado numerosas denuncias mediante reclamaciones en las oficinas del Ayuntamiento, de las cuales IU ha recibido una copia, o directamente por teléfono o de forma presencial a este grupo municipal”. Sobre eso, Francisco Puentedura ha añadido que es difícil conocer los datos de reclamaciones y denuncias que se registran a través de la Oficina de Atención al Usuario de Transportes Rober, “pero sabemos que son centenares de usuarios al mes los que son perjudicados por este sistema abusivo de sanciones”. Además IU denuncia que “existe oscurantismo a la hora de dar información, y sobre todo a los grupos municipales de la oposición. Se supone que Rober tiene que presentar cada año un informe sobre la calidad del servicio que no cumple, y se supone que cada seis meses tiene que haber una reunión sobre los costes y gestión del servicio en una comisión municipal para que se nos den explicaciones y llevan más de dos años sin convocar esta reunión”, ha concluido Puentedura