IU pide al alcalde que conteste a los requerimientos que el defensor del pueblo andaluz ha hecho al Ayuntamiento de Granada

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento Granada, Francisco Puentedura Anllo, ha exigido al alcalde de la ciudad que aclare “que respuestas va a dar a los requerimientos que le hizo el defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maetzu, en el encuentro que tuvieron hace unos días”. El portavoz municipal de IU señala que la visita del Defensor del Pueblo “el pasado viernes fue algo más que una visita protocolaria e institucional, y se trataron asuntos que son de plena competencia municipal a las que el alcalde dio la callada por respuesta”.

Entre estos asuntos Puentedura destaca el que afecta a las plusvalías indebidamente cobradas, en casos donde una familia ha perdido su vivienda por una dación en pago. Otro de los temas fue lo que afecta a la zona de estacionamiento limitado en la ciudad, donde el Ayuntamiento además de la zona azul ha añadido la zona roja y verde, que no viene recogida en la normativa y genera problemas de argumentación jurídica en las sanciones emitidas en estas zonas. Y el último de los asuntos fue relativo a la entrada en vigor de la ley de Transparencia de Andalucía que obliga a los Ayuntamientos a retransmitir los plenos y permitir su grabación y difusión, lo cual implica la necesidad de reformar el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que en su artículo 117 prohíbe la grabación de los plenos municipales.

Para el portavoz municipal de IU se trataron asuntos de calado que afectan a la ciudadanía “sin embargo la actitud del alcalde fue mirar para otro lado ante requerimientos tan concretos”. De este modo el edil de IU recuerda  que desde su grupo municipal en reiteradas ocasiones se ha denunciado “que el Ayuntamiento aplica su afán recaudador incluso con las familias más vulnerables y que están en peor situación económica con la aplicación del impuesto de Plusvalía (sobre el incremento del valor en bienes de naturaleza urbana) “a aquellas familias que han perdido su vivienda por una dación en pago a algún banco o entidad financiera por no poder pagar su hipoteca”.

Para Puentedura “se trata de una aplicación perversa que el Ayuntamiento hace de la ley de haciendas locales para cobrar este impuesto interpretando que existe un incremento patrimonial en aquellos casos donde una familia ha tendido que perder su vivienda para poder terminar con una deuda hipotecaria a la que no pueden hacer frente”. “De este modo se les añade una nueva deuda de miles de euros a familias en una situación económica desesperada como si el hecho de perder su vivienda hubiese sido un negocio lucrativo para ellos” denuncia el concejal de Izquierda Unida “quien añade que es indecente que el Ayuntamiento de Granada pretenda hacer caja con la situación desesperada de estas familias”.

Según datos que ha podido corroborar IU la aplicación del impuesto de plusvalía a estas familias “no es algo anecdótico o circunstancial se ha aplicado en numerosos casos, en los últimos tres años, según información de gestión de tributos, a alrededor de 110 familias que han tenido que negociar con sus bancos la dación en pago de su vivienda”. Para Puentedura “el cobro de este impuesto no está justificado, porque no ha existido un incremento patrimonial sino la pérdida de su vivienda, y se les genera una nueva deuda aplicando una plusvalía a viviendas cuya tasación se ha incrementado como consecuencia de la burbuja inmobiliaria de las que han sido víctimas y que les ha llevado a la ruina, es inhumano pretender hacer caja con estos casos”. Es por ello que en la misma línea de lo que ha solicitado el Defensor del Pueblo Andaluz  ha exigido al alcalde que se devuelvan estos cobros indebidos y en aquellos casos donde de haya abierto un expediente de embargo o por vía ejecutiva, al no poder afrontar las familias este pago, se anulen estos expedientes.

En la misma línea de lo planteado por el Defensor del Pueblo Andaluz, Puentedura ha exigido al Ayuntamiento que acabe con la inseguridad jurídica de las denuncias en la zona de estacionamiento limitado, zona azul, pues muchas de estas denuncias no se ajustan a ley en tanto en cuanto son resultado de una normativa que no se acoge a la normativa que regula el sistema Ora y de estacionamiento limitado, además de constatar que la implantación de la zona verde y roja en la ciudad de Granada es una escusa más para poder multar y hacer caja a costa de los granadinos.

Y por último IU también ha exigido que “con objeto de garantizar la transparencia de las decisiones que adopta el pleno, que pueden y deben ser conocidas por la ciudadanía, planteamos que las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Granada puedan ser grabadas y difundidas tanto por medios de comunicación como por particulares”. IU justifica esta petición con los mismos argumentos de la oficina del Defensor del Pueblo andaluz “ya que se trata de un acto público al que cualquier ciudadano puede asistir. y es concordante con el artículo 21 sobre “Publicidad de los plenos de las entidades locales” de la Ley 1/2014 de 24 de Junio de Transparencia Pública de Andalucía que establece que “las personas asistentes (a una sesión plenaria), podrán realizar la grabación y difusión de las sesiones de los plenos por sus propios medios” por lo que es imprescindible la modificación del artículo 117 del Reglamento Orgánico Municipal.