IU pide anular las licencias y restituir la legalidad urbanística para recuperar el Parque Público del Serrallo

Puentedura señala que desde Ordenación del Territorio de la Junta se ha exigido esta anulación y que si el gobierno municipal se niega la Junta demandará al Ayuntamiento

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El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Granada, Francisco Puentedura Anllo, ha exigido al gobierno municipal “que abandonen la rebeldía y restituya la legalidad urbanística en el parque público, situado en la zona de ocio del Serrallo, que se ha privatizado ilegalmente, hechos que han motivado una denuncia penal de la Fiscalía Provincial, por presuntos delitos de corrupción urbanística, y por el que se ha denunciado a la cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Granada y se está investigando a la concejal de Urbanismo Isabel Nieto”. Además estas actuaciones irregulares han motivado un requerimiento de la dirección de Ordenación del Territorio, dependiente, de Consejería de Medio Ambiente por el que exige al gobierno municipal “que anule el proyecto de obras y las licencias que han permitido usos, niveles de ocupación y actuaciones que se han dado sin someterse a la legalidad urbanística y sin los informes previos y positivos de control de la Junta de Andalucía, organismos competentes a la hora de definir la ocupación y usos en los sistemas generales de espacios libres, como era este parque”.

Según explica el portavoz municipal de la organización de izquierdas “los informes de la Junta han sido demoledores y señalan responsabilidades penales muy graves por ilegalidades urbanísticas a la hora de otorgar licencias y en el proyecto de obras que desarrollaba la concesión administrativa en esta zona verde que también, según la fiscalía, se ha privatizado ilegalmente”.

Asimismo Puentedura destaca “que el requerimiento de la dirección de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente pide la restitución de la legalidad urbanística y por tanto la nulidad de las licencias dadas”. Además el concejal de IU señala “que a nuestro grupo municipal ha llegado una comunicación de Ordenación del Territorio donde señala claramente “que si el gobierno municipal no anula estas licencias en el plazo de tres meses, desde el requerimiento que se hizo en julio, la Junta procederá en cumplimiento del artículo 25.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a presentar una denuncia contra el Ayuntamiento, como ya hizo con la Ordenanza Municipal de Edificación que se aprobó de forma irregular con el objetivo de regularizar las ilegalidades en la zona de Ocio del Serrallo”.

Es por ello que Izquierda Unida pide al alcalde de la ciudad y a la edil de urbanismo “que no avalen una actuación ilegal que a los únicos que benefician es a quienes han incumplido la legalidad urbanística frente al interés de la ciudad”. Asimismo el grupo municipal de izquierdas ha registrado un escrito “para que tanto el alcalde como la edil de urbanismo aclaren que actuación van a adoptar ante el requerimiento de nulidad de las licencias y para que tengan constancia por escrito de la advertencia de la Junta de que se demandará al Ayuntamiento si se mantiene el incumplimiento”. “En caso de que no se atienda al requerimiento de la Junta y no se produzca la nulidad de las licencias desde nuestro grupo municipal lo pondremos en conocimiento ante el juzgado que está llevando la investigación por si hubiese responsabilidades penales por estos hechos tanto por los responsables políticos del área de urbanismo como del alcalde por estar avalando esta falta de actuación del Ayuntamiento” asegura Puentedura.

Además, desde IU “exigimos que se presenten los informes técnicos que avalaron su actuación en los órganos de gobierno de la Gerencia y de la concejalía de Urbanismo, que esta concejal del área y el Alcalde de Granada presidían, y en los que se tomaron numerosas decisiones, que a juicio de las denuncias presentadas son ilegales, y que afectaban a numerosos decretos y nueve expedientes urbanísticos en los que se pretendía dar cobertura a todas estas irregularidades”.
Para Izquierda Unida tanto los informes de la Fiscalía como de la Junta “señalan de forma nítida la especulación urbanística por la que se ha privatizado un parque público de la ciudad para facilitar negocios privados cuyo uso es incompatible con una zona verde, es por lo que exigimos que se restituya la legalidad urbanística y que el parque pase a sus legítimos propietarios que son los vecinos y vecinas de Granada” indica Puentedura.

Además el portavoz municipal de la organización de izquierdas indica “que estos informes además de irregularidades urbanísticas señalan posibles delitos de prevaricación por permitir que los proyectos de obra modifiquen el límite de ocupación se superficie y se haya modificado las condiciones originales de las concesión administrativa”. Puentedura señala “que ha existido una trama para dar apariencia de legalidad a todo este pelotazo urbanístico que ha dejado a la ciudad sin un parque público”.

El concejal de IU asegura “que el gobierno municipal, y su máximo responsable el alcalde de Granada, tienen que dar explicaciones de por qué han permitido que una concesión para varios columpios infantiles y un Kiosko de ventas de chucherías, se ha convertido en una Discoteca, Sala de fiestas y Restaurante, en una zona multiaventuras privada ocupando un suelo público y en una edificación de pista privada de patinaje con bar ocupando también suelo público”.
Además las condiciones originales sólo permitían edificaciones con una ocupación de alrededor de 660 metros cuadrados (un 2% de los 33.000 metros cuadrados de este sistema general) y se han realizado edificaciones que ocupan más de 1.800 metros en suelo público, además de parcelar ilegalmente miles de metros cuadrados del resto del parque para su uso sólo pueda ser privativo cuando se trata de una zona de dominio público de la ciudad”.

De este modo Izquierda Unida señala que Ordenación del Territorio de la Junta, que depende de la Consejería de Medio Ambiente, “debe velar por la legalidad urbanística, para que se depuren todas las responsabilidades penales y políticas caiga quien caiga y para que se restituya la legalidad”. Asimismo Puentedura exige al gobierno municipal del PP “que no de la callada por respuesta y cumplan con el requerimiento de la Junta y suspenda la concesión y las licencias de actividad que se han dado sin fundamento legal, para acabar con este pelotazo urbanístico y devolverle cuanto antes a la ciudad y a los vecinos de Granada su zona verde y parque público”.