IU pide la “dimisión de García Montero por el amaño de las oposiciones de la Policía Local”

Tras el conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mediante la que se declaran ilegales unas oposiciones del ayuntamiento de Granada ha puesto de subinspector de la Policía Local, el grupo municipal de Izquierda Unida (IU) ha querido hacer una “valoración sobre la sentencia”.

Según el portavoz de IU en el consistorio, Francisco Puentedura, “hay elementos que se escapan en el contexto de esta sentencia”.

Así, el edil de izquierdas “exigió al equipo de gobierno que no dilate la ejecución en el tiempo de una sentencia que ya es firme”, puesto que “hay intención por parte de la asesoría jurídica del ayuntamiento de presentar recurso de casación al Tribunal Constitucional para dilatar la ejecución de esa sentencia”.

Según Puentedura, esta medida del equipo de Gobierno es inservible: “Creemos que es una pérdida de tiempo porque las sentencias a recursos en contencioso admirativo resueltas por el TSJA plantean que sean firme y de ejecución. Así se obliga al ayuntamiento a tener que retrotraerse a la situación anterior a los exámenes de oposición puesto que queda demostrado que hubo un filtración de los exámenes, de manera que las cinco personas que accedieron a subinspector lo hicieron de manera ilegal, tal y como queda señalado mediante sentencia firme por el TSJA”.

RESPONSABILIDADES POLITICAS, DIMISÓN DE MONTERO

Por todo lo anteriormente expuesto, el portavoz de IU exige responsabilidades políticas al equipo de Gobierno: “De esto también se derivan responsabilidades políticas claras. Tanto una primera sentencia que se produjo en el año 2010, como la sentencia que anula el recurso que presentó el ayuntamiento, destacan claramente que hubo filtración de los exámenes, por lo que se deriva una responsabilidad concreta a los que formaron parte del tribunal y en especial a quien eres el presidente de este tribunal, el portavoz del PP Juan García Montero”.

En teste sentido, desde IU “exigimos la dimisión de Juan García Montero por ser el entonces presidente de este tribunal donde se produjeron las filtraciones, ya que queda demostrado que hubo un amaño en el concurso y produjo filtración como han dictado las dos sentencias”.

Puentedura no culpa directamente a García Montero de ser la mano ejecutora, pero sí lo señala por ser el presidente: “Al tratarse de un contencioso administrativo, la sentencia no señala directamente quienes fueron los responsables y desde IU no nos aventuramos a señalar si Montero fue el que lo hizo, pero sí se deriva una responsabilidad política de que quien no gestionó bien la presidencia del tribunal de oposiciones. Por ello pedimos su dimisión”.

HECHOS POSTERIORES

Paco Puentedura pasó a explicar una serie de acontecimientos que se produjeron como consecuencia de estas promociones a subinspector que quedarían anulados por la ilegalidad de las mismas”: De estos cinco subinspectores, existe una serie de hechos posteriores, como que tres de ellos acabaron siendo inspectores de la Policía Local, lo que implica que su nombramiento como inspector también es nulo. Todos los actos posteriores son anulables por el carácter retroactivo que implica esta sentencia en el orden jerárquico. No se puede ser inspector si previamente no eres subinspector”.

El edil de izquierdas vio otra rareza en este nombramiento: “Se nombró inspectores a estos policías por comisión de servicios, es decir, ¿cómo puede ser que ante las sospechas evidentes de ilegalidad en los exámenes, se nombre se nombre como inspector a estos subinspectores por comisión de servicios?

OPOSICIONES DEL 2006

Puentedura explicó que “estos hechos se producen en 2006, cuando se produce una filtración de los exámenes”.

En el orden cronológico “hay una primera sentencia de 2010, donde un informa pericial señala que es imposible que estos inspectores hubiesen coincidido en todas las respuestas en la parte del examen que proporciona el ayuntamiento, mientras que en la parte que corresponde a la Junta de Andalucía no solo no habían sido correctas las preguntas, sino que las coincidencias eran nulas”.

En este sentido, el de IU aportó una serie de conclusiones derivadas de este informe: “De ese informe pericial de deduce que solo era posible la coincidencia de las repuestas por la filtración de un examen. Esta situación fue denunciada por los sindicatos y la posición del equipo de gobierno fue mirar para otro lado”.

Lo que se ha derivado de esto ha sido una serie de “agravios comparativos y malestar en el seno de la policía local que no garantiza su independencia ni el derecho de estos trabajadores público de acceder a las plazas  en concurso oposición transparente”

CUERPO POLITIZADO

Puentedura aseveró que esta sentencia no hace más que confirmar una falta de trasparencia y que la Policía Local Está politizada: “Esta sentencia demuestra que en los concursos del ayuntamiento de Granada no hay un reglamento de proceso de selección que garantice la trasparencia y la igualdad. Tiene que haber miembros de tribunales que tengan garantizada la trasparencia y la independencia y no miembros posicionados por posibles intereses del equipo de gobierno, como pueden ser los concejales del equipo de gobierno. Además, denunciamos que esa sentencia refleja que la escala de puestos directivos de la Policía Local está politizada, y deberían la designación de puestos tiene que ser transparente independiente y formadas por criterios de cualificación profesional. No puede ser que el reglamento establezca una asignación de puestos directivos muy condicionada por los criterios del equipo de gobierno. Politizar el cuerpo del a policía local es acabar con su independencia como agentes de la autoridad. Y un menoscabo del servicio público de la seguridad ciudadana.

LA FILTRACIÓN ES UN DELITO

Por último, Francisco Puentedura denunció es la “filtración de un examen público es un delito y esto es un hecho muy grave”: ·Existen responsabilidades políticas claras que tiene que asumirse por parte del ayuntamiento, ya que es muy grave que se produzca una filtración. Aunque haya sido un contencioso administrativo y no se llega hasta quien produce la filtración, sí que la filtración es un delito. Esto es un hecho muy grave que ha sucedido en la ciudad de Granada, lo que exige que se tomen responsabilidades políticas de quien fue el presidente de ese tribunal. Máxime cuando el Equipo de Gobierno ha negado los hechos hasta que se ha topado con una sentencia firme de que sí hubo filtración y ahora pretende dilatar con un recurso de casación el Tribunal Constitucional, porque las sentencia que el TSJ sobre un contencioso que realiza en apelación son firmas y de ejecución inmediata”.