IU pide un nuevo reglamento de servicios funerarios para evitar el riesgo de desalojo de miles de nichos

La formación reclama "una modificación profunda" en el reglamento, pues sostiene que "debería proteger y ofrecer garantías legales" a miles de familias

Cementerio de San José | Foto: Archivo GD
Europa Press
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El coordinador local de Izquierda Unida en Granada, Paco Puentedura, ha alertado este martes del riesgo de desalojo de miles de unidades de enterramiento en el cementerio de la capital granadina, en el entorno de la Alhambra, y ha instado al Ayuntamiento de la ciudad, que gobierna el PP, a llevar a cabo "una modificación profunda" en el reglamento de prestación de servicios funerarios.

Según ha indicado IU, el reglamento actual "favorece los intereses del socio privado" de la empresa mixta que gestiona el cementerio, Emucesa, y el cambio "debería proteger y ofrecer garantías legales a las miles de familias de Granada que buscan respeto y seguridad en los nichos y unidades de enterramiento de la ciudad".

Uno de los problemas más apremiantes, según Puentedura, es la cuestión de la titularidad de los nichos en el cementerio. A menudo, las concesiones pasan a manos de herederos tras el fallecimiento de los titulares originales, sin que se les comunique la necesidad de cambio de la misma.

"Este proceso administrativo, que podría resolverse de manera sencilla, suele generar problemas de desamparo y extinción de derechos de enterramiento debido a notificaciones deficientes, y a un procedimiento difícil y costoso", ha explicado.

Otro problema destacado por la formación es la tasa de conservación del cementerio. Su impago puede resultar en la extinción de los derechos de un nicho, y a menudo los familiares lo desconocen, y cuando son conocedores, "se les impide el pago a familiares y allegados que no sean titulares".

"Esto no hace más que meter a los familiares y allegados en un laberinto sin solución, que está pensado para que la empresa pueda desalojar las unidades de enterramiento, y hacer caja, u obligar a volver a comprar una unidad de enterramiento y obligar a las familias a desembolsar el doble del importe, más el coste de los traslados", ha resumido Puentedura.