IU pide una auditoría ciudadana de la deuda municipal

El Grupo Municipal de Izquierda unida en el Ayuntamiento de Granada ha registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal para “que se declare ilegítima la deuda contraída por esta administración con las entidades financieras de los préstamos asociados a los Planes de Pago a Proveedores por los intereses abusivos, en torno al 6%, cuando estos préstamos se han renegociado con un interés mucho más bajo, alrededor de 1%, lo que se ha traducido en un pago en los dos primeros años de más de 9.750.000 euros de manera ilegítima”. Además la coalición de izquierdas pide que el Gobierno Central de Rajoy “se haga cargo de estos intereses ilegítimos y que el Ayuntamiento se sume a la iniciativa de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) para proponer la realización de una auditoría ciudadana de la deuda municipal y para exigir un cambio en el modelo económico y social y renunciar al pago de la deuda ilegítima”.

Según explica el portavoz municipal de Izquierda Unida, Francisco Puentedura Anllo, “la deuda ilegítima es aquella contraída, creada y utilizada en contra de los intereses de la mayoría de la población, vulnerando los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales de gran parte de los ciudadanos a favor de los intereses de una minoría”. Esta deuda se ha contraído por el Ayuntamiento de Granada a raíz de que en el año 2012, como resultado de una mala gestión municipal, el Gobierno Central impuso el pago de las facturas pendientes a los proveedores del Ayuntamiento obligando a un plan de ajuste y acompañado de créditos bancarios sin conocer ni la entidad ni el tipo de interés. Estos créditos podrían haberse fianciado a través del Banco Central Europeo, lo que hubiera permitido evitar la intermediación de los bancos y así rebajar los intereses.

El mecanismo de sometimiento al interés crediticio de los bancos impuesto por el Ministerio de Hacienda se inició con el Real Decreto Ley 4/2012 supeditando toda la economía municipal a un plan de ajuste y al pago de la deuda con los bancos. El Ayuntamiento de Granada, como consecuencia de este decreto, se vio obligado a la concertación de operaciones de crédito, con entidades bancarias privadas, por una cuantía de alrededor de 109 millones de euros, a un 6% de interés que suponen alrededor de 40 millones de euros en toda la vida del préstamo. Todo ello al mismo tiempo que estas mismas entidades bancarias se estaban financiando al 1% con fondos públicos y además recibían dinero también público a fondo perdido y conculcándose gravemente los recursos públicos.

Desde la concertación de esta operación de crédito, señala Puentedura, hasta la fecha de hoy se han pagado unos 12 millones de euros en intereses, siendo la mayor parte de ellos ilegístimos, toda vez que tras los esfuerzos por renegociar la deuda ha permitido readjudicar esta misma a un interés mucho menor sobre un 1%. “Sin embargo los dos primeros años de vida de este préstamo han sido con un interés abusivo, que han supuesto 12 millones de euros y recortes durísimos para la ciudadanía de Granada”. Si se hubiese aplicado el tipo de interés del 1% desde el inicio de la operación el Ayuntamiento de Granada hubiese abonado unos 9.750.000 euros menos en concepto de intereses, del todo ilegítimos, “que podrían haberse invertido en mejora de los servicios públicos, en proyectos de mejora urbana y en la creación de empleo” indica el portavoz municipal de IU quien también asegura “que las imposiciones del Gobierno Central han supuesto la peor forma posible de atajar el problema para los Ayuntamientos y con ello para la ciudadanía, asistimos por tanto al desmantelamiento de los servicios públicos a través del estrangulamiento económico de las administraciones, mediante el uso de la deuda, que por otro lado ha sido contraída sin condiciones objetivas de libertad de elección y sin capacidad de negociación con las distintas entidades financieras, hipotecando el futuro y el bienestar de la ciudadanía”.

“Es por ello que proponemos que se declaren estos intereses ilegítimos y una auditoría ciudadana de la deuda para el dinero que pagan los granadinos y granadinas, a través de sus impuestos, no se destine a engordar los beneficios de los bancos y pueda ser dedicado a favorecer políticas sociales e inversiones que generen empleo en la ciudad” señala Puentedura.