Jornada de calma tensa en calle Azacayas

La mañana del viernes 21 de marzo en la calle Azacayas de Granada transcurre, en sus primeras horas, en relativa calma y con una escasa presencia de personas en apoyo a los ocupantes del edificio que permanece okupado desde diciembre del año pasado. Desde el interior del inmueble, una persona, acompañada de una marioneta que representaba un animal, posiblemente un conejo o un ratón, leyó un comunicado en el que reafirmaba la decisión de no abandonar el lugar y defendía la importancia de conservar ese espacio. Además, denunció que durante las primeras horas del día habían recibido amenazas, insultos y lanzamiento de cáscaras de fruta por parte de miembros de AMA DESOKUPA, alojados en las habitaciones del hotel situado frente al edificio okupado.

Antecedentes del conflicto

El edificio en cuestión, ubicado en una de las calles más antiguas del centro de Granada, fue ocupado en diciembre de 2024 por un grupo de jóvenes con el propósito de darle un uso social. Según sus integrantes, la intención era convertir el inmueble en un centro cultural y comunitario, ofreciendo actividades gratuitas para los vecinos y colectivos vulnerables. Desde entonces, han organizado talleres de dibujo, arte plástico, teatro, danza, serigrafía y música, además de proponer la creación de un comedor social.

El 20 de enero de 2025, la situación se tornó tensa cuando una empresa de desokupación intentó desalojar a los ocupantes sin una orden judicial. Este intento derivó en enfrentamientos que culminaron con la intervención de la Policía Nacional, resultando en al menos un detenido y cuatro heridos.

Posteriormente, dieciocho organizaciones sociales de Granada solicitaron la dimisión del subdelegado del Gobierno en la provincia, criticando la actuación policial durante el desalojo y exigiendo la ilegalización de las empresas de desalojos extrajudiciales.

Desarrollo de los acontecimientos el jueves 20 de marzo

La jornada del jueves 20 de marzo estuvo marcada por la expectativa ante un posible desalojo del edificio. Desde el interior, los okupas trabajaron en reforzar los barrotes de las ventanas, sugiriendo una preparación para resistir una eventual intervención policial. Durante el día, alrededor de medio centenar de personas se concentraron en apoyo a los ocupantes, algunos de los cuales permanecieron en las inmediaciones del edificio durante la noche. Los okupas bautizaron el inmueble como "CSO La Madriguera" e instalaron una placa con dicho nombre en la fachada.

Por su parte, una portavoz de AMA DESOKUPA declaró que, desde el último incidente en enero, habían otorgado un plazo a los okupas para que abandonaran el edificio sin causar desperfectos, dado que el inmueble está considerado histórico y cualquier daño podría tener consecuencias legales graves. Según la portavoz, los okupas se habían comprometido a entregar las llaves el jueves a las 17:00 horas, pero no cumplieron con lo acordado. Además, señaló que la propietaria del edificio, una mujer con un bebé de tres meses, ha sufrido emocionalmente debido a esta situación.

Expectativas para el resto de la jornada del viernes 21 de marzo

Aunque la mañana del viernes 21 de marzo transcurrió con tranquilidad y una reducida presencia de personas en la calle Azacayas, la tensión subyacente sugiere que la situación podría cambiar en cualquier momento. Las denuncias de hostigamiento por parte de los okupas hacia miembros de AMA DESOKUPA alojados en el hotel frente al edificio okupado añaden un elemento de incertidumbre a la evolución de los acontecimientos.

Se espera que, a lo largo del día, las autoridades locales evalúen la situación y determinen las acciones a seguir para resolver el conflicto de manera pacífica y legal. La comunidad local y las organizaciones sociales estarán atentas al desarrollo de los hechos, buscando garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas y que cualquier intervención se realice conforme a la legalidad vigente.

La resolución de este conflicto es de interés para la ciudadanía de Granada, ya que refleja la complejidad de abordar situaciones de okupación y la necesidad de encontrar soluciones que equilibren los derechos de los propietarios con las demandas sociales de espacios comunitarios. La actuación de las autoridades en este caso podría sentar precedentes para futuros conflictos similares en la ciudad y en otras partes del país.