Unas jornadas abordan el problema de los cortes de luz en la zona Norte

El Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, junto con la Oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada han celebrado los días 11 y 12 de mayo unas jornadas tituladas Soluciones Participativas al problema de los cortes de luz en barrios vulnerables. Un encuentro en el que profesionales y técnicos de distintos campos, expertos en la materia, colectivos, asociaciones, vecinos de algunos de estos barrios y otros agentes sociales han compartido experiencias, ideas y propuestas de acción para avanzar en la resolución del problema.

En el marco de dichas jornadas ha quedado claro que, "ante la situación de continuos problemas en el suministro de energía eléctrica de una gran cantidad de municipios repartidos por la geografía española, es necesario expresar el malestar por los perjuicios que está ocasionando a la ciudadanía y al tejido productivo de los municipios, e instar a las autoridades competentes a abrir una investigación a la compañía titular de la red de distribución de energía eléctrica, Endesa (filial de Enel, empresa de titularidad pública del Gobierno italiano), bajo cuya responsabilidad se están produciendo las interrupciones continuas y dilatadas en el tiempo de la electricidad, un servicio esencial que debe ser prestado con calidad y garantía", reza un comunicado conjunto de ambas instituciones.

"No se trata de un problema que se pueda circunscribir a una cuestión de consumo, sino que revela un problema más general que afecta al conjunto de la ciudadanía. Estos hechos se vienen repitiendo con demasiada frecuencia, en diferentes momentos del año, de manera recurrente en el tiempo y sin que tenga que producirse acontecimientos extraordinarios climatológicos, en las zonas cuya red de distribución eléctrica está bajo la titularidad de Endesa, ni tampoco debido a sobrecargas de red causadas por acometidas ilegales. Las múltiples interrupciones del suministro tienen como denominador común la obsolescencia de los equipos y la falta de inversiones tanto en el mantenimiento que legalmente deben hacer como, sobre todo, en la modernización y puesta al día de toda la red de distribución, sin la cual no es posible hacer un proceso de transición energética como demanda la Unión Europea. Hay que recordar que para acometer estos objetivos se le paga a Enel-Endesa vía recibo de la luz más de 2.000 millones de euros anuales, percibiendo más de un tercio del total de la retribución regulada que sale del recibo de la luz", agregan.

En el comunicado se explica que "la compañía, en manos del Estado italiano, no sólo no hace un gran esfuerzo inversor (el cual se le retribuye) sino todo lo contrario: las inversiones anuales están significativamente por debajo de la necesidad de renovación de la red, reposición de equipos obsoletos y modernización de las instalaciones, claves para poder efectuar un proceso de transición energética integral. En los últimos años, Enel-Endesa ha reducido drásticamente sus inversiones, pero especialmente en el último año el volumen de inversión ni siquiera ha compensado la necesidad de cubrir la pérdida de valor de la red (-35 millones de euros en inversión neta negativa). Ante esta situación, es necesario exigir a Enel-Endesa las inversiones necesarias para tener una red eléctrica de media y baja tensión segura, eficiente y de calidad. Asimismo, debemos exigir a las autoridades competentes tanto a nivel estatal como autonómico y a los organismos reguladores del mercado eléctrico que investiguen los hechos para depurar responsabilidades, las sanciones que puedan corresponder (incluso la retirada de la licencia de distribución si la compañía no emprende las inversiones necesarias) y tomar todas las medidas a su alcance que obliguen a la compañía a actuar de manera inmediata, en la solución del grave problema".

Al término de las jornadas se han recogido aportaciones, propuestas y afirmaciones realizadas por los y las ponentes que, seguidamente se comparten para que sean tenidas en cuenta.

---

CONCLUSIONES

1.-Los cortes de luz no cesan, la realidad “va de mal en peor” y se extiende a otros municipios del conjunto andaluz y geografía nacional. Sin luz no hay vida, no hay neveras, respiradores, ascensores, alumbrado público, calefacción, negocios, salud y un largo etcétera.

2.-Se está vulnerando un amplio conjunto de derechos humanos: a la integridad física, a la igualdad y no discriminación, a la protección de la salud, a una vivienda digna y adecuada, a la educación, protección de los consumidores…derechos de la infancia, derechos de las personas electro dependientes, etc. En Granada existe una demanda planteada por vulneración de derechos en el distrito Norte granadino (que podría llegar a Estrasburgo); vulneración de derechos para quienes, en su gran mayoría pagando sus facturas de luz, no reciben el servicio.

- En este apartado, podría ser un avance lograr el apoyo de las administraciones para lograr justicia gratuita para casos como este.

- En este apartado es preciso también ofrecer más información a la ciudadanía afectada, dado el desconocimiento que existe en materia de derechos vulnerados, de cuáles son las causas reales de los cortes de luz, qué compensaciones pueden solicitar, de cómo ejercer sus reclamaciones, pedir bonos sociales eléctricos o interponer demandas como consumidores. Es necesario articular medidas de coordinación y formación en la materia, impulsar equipos técnicos que a su vez hagan labor de seguimiento del problema y presión para construir soluciones.

3.-Desde el punto de vista técnico existe un causante responsable de estas interrupciones en el suministro de un servicio esencial:

-porque existe un contrato de suministro que regula lo que pacten las partes (compañía y cliente que paga su factura) y una normativa de compraventa mercantil, Arts. 325 y ss. del CCo
-porque hablamos de “Suministros esenciales” a la luz del Art. 52.4 de la Ley 24/2013 y del Art. 89.1 del RD 1955/2000 (que habla de la necesaria continuidad y de suministros esenciales)
-porque también la ley es clara en materia de Calidad del producto (Art. 51 de la Ley 24/2013 y Art. 102 del RD 1955/2000) y de Calidad de servicio (Arts. 99 y ss. del RD 1955/2000).

4.-Existen datos de posibles incumplimientos por parte de la distribuidora, unos datos que se pidieron en su día a la Junta de Andalucía y que esta remitió al Defensor de la Ciudadanía granadina. Del análisis preliminar de esos datos se deduce que, si bien en principio no se aprecian incumplimientos en materia de calidad zonal, no está clara la debida observancia por parte de E-Distribución SL en materia de calidad individual que es la referida a cada consumidor. A la luz de la legislación se consideran límites máximos en zonas urbanas (por encima de ellos habría incumplimientos en materia de calidad individual) más de 5 horas en un año natural, por lo que es preciso que la consejería de Hacienda y Financiación Europea estudie a la mayor brevedad y a detalle dichos datos para determinar si han podido existir incumplimientos graves en materia de calidad individual (que vendrían dados por años/CUPs y suma de minutos u horas de corte en cada CUP o código de identificación de cada contador).

Para afirmar estos posibles incumplimientos en materia de calidad individual se han estudiado un total de 160.751 registros de incidencias (relativos al periodo 2016- 2021 y contabilizados en la información facilitada al defensor por la consejería), lo que de ser así, podría traducirse en indemnizaciones para los afectados y en infracciones por parte de la empresa, según la legislación vigente. Además, de la lectura inicial de la documentación recibida se podría deducir que hay una media de 3 cortes de luz por hora en el distrito, lo cual, de confirmarse, sería un dato demoledor.

A la luz de estos datos, podría resultar preceptivo al menos, la apertura de expediente informativo por parte de los órganos competentes en sus diferentes aspectos (Jefatura de Industria de la Junta de Andalucía, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

5.-Habría que valorar si seguir el ejemplo de otras Comunidades Autónomas que han impulsado normas interesantes de protección y defensa en la materia:

-La Ley de garantía y calidad del suministro (Ley 18/2008 de la Generalidad de Cataluña)
-La Instrucción 6/2018 del Servicio Catalán de Salud (que habla de un certificado de electro dependencia)
-El Protocolo de abordaje de la dependencia energética en salud entre el Servicio Catalán de Salud y el Ayuntamiento de Barcelona.

-la Circular de la DGICyC de Cantabria (que habla de suministros con elementos no interrumpibles con base en el Real Decreto 1164/2001).
-La Resolución de la DGIEI de Navarra (suministros con elementos no interrumpibles con base en el Real Decreto 1164/200).
-Ley 24/2015 de la Generalidad de Cataluña (pobreza energética).

6.-El problema de fondo es la mala calidad de la red de distribución (en Granada especialmente en la red de baja tensión), lo cual se soluciona invirtiendo más en infraestructuras por parte de la titular de dicha red para modernizar unos transformadores y equipos que están obsoletos. Cuando Endesa anuncia en los medios que destina a ello importantes cuantías, en realidad son amortizaciones, y siempre superiores a nuevas inversiones, es decir, si invirtieron 619 millones, están amortizando 644 millones en 2021. La necesidad actual de inversiones por parte de la compañía para modernizar y acabar con los cortes de suministro continuos es superior a 1.500 millones y, la empresa no va a tomar esta decisión a iniciativa propia, a pesar de repartir beneficios del 100% entre sus accionistas cada año (especialmente el Estado italiano).

Tomando en consideración que las empresas energéticas están en un mercado regulado (separación de actividades de generación, distribución y comercialización); la responsabilidad de los cortes de luz es de la distribuidora que tiene el monopolio de esta actividad, por lo que es preciso poner el foco en las inversiones a que está obligada Endesa Distribución, que el pasado 2021 obtuvo unos ingresos (retribución regulada) de
2.059 millones de euros según publica en sus Cuentas Anuales, ingresos que proceden del pago de las facturas de la luz.

Hay una tercera cuestión en materia de inversiones en infraestructuras: no es casualidad que, en los lugares donde Endesa es titular, existan cortes de luz constantes y sistemáticos (Cataluña, Andalucía, Canarias…) frente a otras comunidades con otras compañías al frente de esta actividad distribuidora.

Si la compañía no realiza las inversiones necesarias y a las que está obligada a través de los mecanismos de regulación eléctrica, el Ministerio de Transición Ecológica podría obligarla a ello o revocarle la licencia de distribución. Puede obligarle con la supervisión técnica de la administración autonómica, que tiene competencias en materia de inspección y sancionadoras.

En este sentido parece preciso instar a Endesa a poner en marcha un plan de inversiones para paliar las incidencias en centros de distribución, cuadros de tensión, con especial vigilancia en protección de centros de distribución y redes de baja tensión, asignación de cada CUPS a su correspondiente línea del cuadro de baja que permita monitorizar la telemedida y localización termográfica de puntos calientes.

Así mismo es necesario articular a medio plazo otras alternativas para dejar de depender de una red obsoleta (como es el caso de las comunidades energéticas locales).

7.-Es totalmente necesario hacer del problema de los cortes de luz un “asunto de estado” dado que afecta a barrios diversos de la geografía española especialmente situados en territorios de la red de distribución de Endesa (Cataluña, Andalucía, Canarias..) como se ha apuntado anteriormente.

8.-Exigir a las administraciones competentes la vigilancia de las redes y el control sobre las empresas distribuidoras. Y en este apartado, exigir que la Junta de Andalucía vigile las viviendas de su propiedad donde pudieran existir cultivos ilegales enganchados a la red e impulse un plan de inspección de viviendas para comprobar que se destinan a domicilio habitual.

9.-Colectivos, asociaciones y plataformas vecinales temen que, a fuerza de concentraciones, quejas, reclamaciones y distintas medidas y actuaciones, la sociedad, los medios de comunicación, los responsables públicos, se hayan acostumbrado o anestesiado ante el problema y ya les resulta complejo trasladar el sufrimiento humano real, el cansancio y la desesperación de vivir sin luz pagando luz, una realidad que les impide hacer una vida normal. Ruegan que esta realidad no salga de la agenda política, de la agenda pública

10.-Solicitan y proponen que se investigue, que la comunidad científica estudie y analice los riesgos sociales que acarrea esta forma de desigualdad que son los apagones en unos barrios de las periferias urbanas, unos apagones que serían inadmisibles en otras zonas de las ciudades.

11.-Consideran que es preciso un discurso compartido que deje de criminalizar o estigmatizar a barrios y familias enteras. Y abandonar la indiferencia hacia cortes de luz en un distrito “que no es el mío”, cambiar la dinámica y cambiar la mirada, pues no es algo ajeno, sino un problema de toda la sociedad que, de no resolverse, seguirá extendiéndose a otros territorios, a otros barrios, y se legará a generaciones venideras.

12.-Los colectivos entienden que los métodos tradicionales de reivindicación han podido quedar obsoletos y no está dando resultados efectivos; que es preciso reinventarse, iniciar un proceso de reflexión en el seno del movimiento vecinal, o tal vez, mostrar mayor “agresividad” o nuevas fórmulas en los modos de reivindicación. Creen que, a pesar de lo realizado hasta el momento, pueda existir un retroceso; les gustaría contar con un plan integral real en la materia frente a una autoridad única, a un interlocutor único.

13.-Piden una auditoría a las políticas públicas en la materia para que no se retroceda en derechos.

14.-Solicitan a Endesa que, de una vez por todas, cumpla con el compromiso de instalar una línea telefónica de atención vecinal en cada ciudad afectada.

15.-Proponen la realización de un `Mapa de puntos calientes´ para poder emprender acciones preventivas.

16.-También solicitan que se revise el método que la compañía sigue cada vez que surgen incidencias y se valore cambiarlo.

17.-Piden a la empresa un informe sobre las inversiones realizadas con fechas y detalles concretos, además de valorar la amortización de las instalaciones, incluido el riesgo de pronta obsolescencia y que dé lugar a más cortes de suministro en otras zonas.

18.-Solicitan la instalación de sistemas de alimentación ininterrumpida para personas electrodependientes.

19.-Consideran que las administraciones debieran valorar alternativas de eficiencia y ahorro energético para disminuir la factura en barrios vulnerables; integración de renovables, proyectos de rehabilitación energética, de autoconsumo compartido, etc.

Igualmente sería deseable implantar progresivamente vías de transición energética hacia modelos que disminuyan la dependencia energética que tienen de la red eléctrica. Existen ayudas europeas: la transición energética ofrece una herramienta de gran poder para capilarizar poco a poco comunidades y que vayan siendo capaces de independizarse de una red de distribución eléctrica de mala calidad y optando por modelos y alternativas a los combustibles fósiles.

20.-Y junto a ello, acciones destinadas a mejorar la eficiencia energética de los hogares, especialmente de aquellas familias más amenazadas por situaciones de pobreza energética, incluyendo ayudas para mejorar el aislamiento térmico de los hogares, para renovar las instalaciones y para la adquisición de electrodomésticos más eficientes.

21.-Que se destinen los recursos que sean necesarios para dar alternativas y soluciones de empleo, vivienda, educación y equipamientos a la población de barrios y distritos vulnerables.

22.-Impulsar un Registro de personas en situación de electrodependencia cumpliendo con la legislación y con la protección de datos y en colaboración con los servicios de salud y con las administraciones competentes.

23.-Que la participación ciudadana sea protagonista de los procesos de transformación que sean necesarios.

24.-Sumar voluntades, aunar el esfuerzo desde diferentes instancias, colectivos, instituciones, participación ciudadana. Desde la Universidad al mundo de la Justicia, de la Sanidad a la Educación, de los medios de comunicación a la abogacía, esta reivindicación justa y fundamentada debe contar con el respaldo pleno de todos los sectores sociales, pues estamos ante infracciones e incumplimientos graves y sostenidos en el tiempo de una empresa que presta un servicio de consumo necesario en situación de monopolio a unos clientes que están al corriente de sus pagos, incurriendo con ello en vulneración de derechos.

25.- Es necesario, en definitiva, diseñar con exactitud y urgencia las medidas a tomar para, primero, acometer las inversiones necesarias en la red de distribución que garantice la calidad y buen estado técnico; segundo, un plan para compensar y solventar los problemas sufridos por los consumidores que habiendo pagado sus facturas no tienen un servicio de calidad y efectivo como deberían; y, tercero y último, mejorar las políticas públicas en materia de atención y cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de los consumidores energéticos.

---

Participantes

En la jornada de arranque, celebrada el miércoles 11 de mayo a las 10:00 horas, se abordaron Posibles incumplimientos de las empresas eléctricas y vulneraciones de derechos, una mesa que contó con Francisco Cordón, ingeniero industrial vocal de la asociación Diálogo y Acción y miembro de la mesa técnica contra los cortes de luz en el distrito Norte granadino; Fernando Machado, jefe de Energía de la Junta de Andalucía en Granada; Gonzalo Esteban, técnico de la Agencia Provincial de la Energía de Diputación de Granada; y África Morata, abogada de la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Granada

La segunda sesión del 11 de mayo tuvo lugar a las 12:00 horas y se habló sobre "Medidas desde la participación ciudadana: el papel de asociaciones, colectivos y plataformas". Participaron en este encuentro Teresa Muela, secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias; José Chamizo, presidente de Voluntarios por otro mundo y ex defensor del Pueblo Andaluz; Rosario García, presidenta de la Asociación de Vecinos Nueva Cartuja del Distrito Norte granadino; y Manuel Rosa, socio de la Plataforma Nosotros también Somos Sevilla y miembro de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados; así como Natalia García, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos Andalucía en Granada

El jueves 12 de mayo a las 10:00 horas se trataron las Soluciones del lado de la exigencia a las instituciones: obligaciones del Gobierno de España, las administraciones Autonómicas y el Parlamento Europeo. En dicha mesa redonda estuvieron presentes Manuel Martín, defensor de la ciudadanía de Granada; Miguel Melguizo, médico del centro de salud de Almanjáyar; Mar Solera, presidenta de Facua en Granada y Javier Santacruz, vocal de la Asociación para la Transición Energética (ATE).

La sesión de cierre de las jornadas tuvo lugar ayer a las 12:00 horas bajo el título Las soluciones propuestas por otros agentes sociales: las otras necesidades de los barrios con cortes de luz. Intervinieron Mario Picazo, vecino y cura párroco del barrio de La Paz de Granada; Lola Contreras, presidenta de la asociación de Barrios Ignorados; Juan Carlos Maroto, director de UGR-Solidaria, y Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada.