Juana Rivas presenta audios y mensajes como prueba del presunto maltrato de su expareja a sus hijos

Juana Rivas ha entregado a la justicia italiana audios y mensajes de texto en los que sus hijos, cuando vivían con su padre, narraban episodios de presunto maltrato. Su hijo mayor, Gabriel Arcuri, que ahora tiene 18 años, ha autorizado la difusión de uno de estos audios, enviado en 2019, en el que describe agresiones físicas sufridas tanto por él como por su hermano menor. En el audio, grabado cuando tenía 13 años, Gabriel relata que su padre les golpeó: "Me cogió del brazo y me tiró contra la pared. A Dani le levantó de la camiseta y lo tiró en la escalera, se hizo daño en la espalda y se quedó llorando en el suelo". Además, menciona insultos y el impedimento de comunicarse con su madre.

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Polémica por la custodia del hijo menor

Los abogados de Juana Rivas critican la decisión de la justicia italiana de otorgar la custodia del hijo menor, Daniel, al padre, pese a que este ha sido condenado en España por violencia de género y está procesado en Italia por presunto maltrato. Como prueba, han presentado grabaciones, partes médicos, fotos de lesiones y declaraciones de testigos. El pasado 7 de enero, Daniel prestó declaración ante una jueza en Granada, quien le dio "plena credibilidad" y suspendió provisionalmente su entrega al padre. Sin embargo, el caso ha sido derivado a la Corte de Cagliari, en Italia, por ser el lugar donde ocurrieron los hechos investigados.

Según los abogados de Rivas, Arcuri ejercía "violencia física y psíquica" sobre los niños para impedirles comunicarse libremente con su madre. Alegan que "tenían que llamarla a escondidas" y que la justicia italiana ha confirmado que los registros de llamadas y mensajes no han sido manipulados.

La medida sigue vigente por el momento; no obstante, el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha acordado inhibirse en favor de la Corte de la ciudad italiana de Cagliari en la denuncia por malos tratos al menor que presentó Juana Rivas en España contra Francesco Arcuri. Lo ha hecho al considerar que los hechos objeto de investigación tuvieron lugar presuntamente en el domicilio familiar en Cagliari y será por ello la justicia italiana la que deba pronunciarse ahora.

"Los niños tenían que llamar a su madre siempre a escondidas" y "Juana ha recibido durante todos estos años desesperadas solicitudes de auxilio de sus hijos". El equipo jurídico agrega que un "perito judicial italiano ha examinado los terminales y ha acreditado que las llamadas y mensajes entre los niños y su madre no han sido manipulados".

Los abogados de Arcuri recuerdan que la Justicia italiana ha ordenado la "inmediata devolución" del menor

Los abogados del italiano Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, se han remitido este lunes a las distintas resoluciones judiciales que durante estos años evidencian a su juicio la inocencia de su cliente respecto a las acusaciones por presuntos malos tratos a sus hijos. Especialmente la dictada hace unos días por la Corte de Apelación de Cagliari, en Italia, que ha concedido la custodia en exclusiva al padre y dispone que Rivas "proceda inmediatamente" a devolver al menor al domicilio del progenitor en Carloforte.

Enrique Zambrano, abogado de Arcuri en España, ha censurado en declaraciones a Europa Press la difusión, por parte del equipo jurídico de Rivas, de antiguos audios del hijo mayor --en los que narra una presunto episodio de maltrato acaecido en 2019 en Italia-- y ha recalcado que esas grabaciones ya fueron analizadas en las actuaciones abiertas en Italia que luego se archivaron.

Recalcan además que la Corte de Apelación de Cagliari es el órgano competente para decidir sobre la situación del menor, puesto que desde hace años su residencia está fijada en Italia, y que este órgano ha reclamado en su última sentencia la inmediata devolución del niño con el padre. A este respecto, en la sentencia de custodia, consultada por Europa Press, se argumenta que "la competencia de la Autoridad Judicial italiana para conocer de las demandas presentadas por las partes ya no está en discusión" y se alude a que la normativa europea es "clara al atribuir la competencia a la autoridad judicial del Estado miembro en el que el menor reside habitualmente en la fecha en que se presenta la demanda o, en caso de traslado ilícito o no retorno del menor, a la autoridad judicial del Estado miembro en el cual el menor tenía la residencia habitual inmediatamente antes del traslado o del no retorno".