Juana Rivas: “Tengo esperanza. Creo en los milagros”
La madre maltratada de Maracena debe entregar mañana por la tarde a sus dos hijos al padre, condenado en 2009 por maltratarla
“Tengo esperanza. Creo en los milagros”, ha manifestado, entre lágrimas, Juana Rivas, la vecina de Maracena que ha decidido comparecer esta mañana ante los medios de comunicación antes de que se ejecute la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que la obliga a devolver a sus dos hijos, de 3 y 11 años, mañana a su padre, que reside en Italia y que fue condenado en 2009 por violencia de género.
La directora del área de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena y responsable del Centro de la Mujer de esa localidad, Francisca Granados, quien sigue el caso de Juana desde el pasado año, ha sido la encargada de relatar los últimos acontecimientos y ha señalado que va a agotar todas las posibilidad y a trabajar durante todo el día para revertir esta situación.
Empieza, de esta manera, la cuenta atrás para esta madre, que, de no conseguir paralizar esta medida, deberá entregar a los menores mañana a las 16.30h en el Punto de Encuentro Familiar de Granada. Deberán ser llevados por la propia madre a fin de que sean entregados al progenitor y trasladados a Italia, donde tienen su "residencia habitual".
Tanto Juana como Granados han criticado que si bien ayer el Congreso de los Diputados consensuó un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no entienden cómo a Juana y a sus hijos se “les dé la patada de esta forma”.
Rueda de prensa con Juana Rivas | Fuente: Gabinete
EL CASO
La jueza argumenta la decisión en la necesidad de "garantizar que la restitución de los menores se hace sin peligro", después de que el padre presentara el pasado viernes un escrito en el Juzgado reclamando la ejecución de la sentencia en la que se acordaba esta medida y pidiendo medidas urgentes para ello, dado que la madre no los había entregado en el plazo previsto, después de que la Audiencia de Granada rechazara su recurso.
Ante la posibilidad de que la entrega de los menores sea "obstaculizada" por la madre, la jueza pide auxilio a la Unidad de Familia y Mujer del Cuerpo Nacional de Policía para que garanticen que se cumple el mandato judicial "adoptando las medidas administrativas precisas" y actuando no solo en la residencia de los menores en Maracena sino en aquellos lugares donde puedan encontrarse.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este mismo Juzgado, "no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado", añade la providencia.
Esta decisión del Juzgado se produce pese a que aún no se ha resuelto el recurso que la abogada de Juana Rivas ha presentado ante el Supremo contra la sentencia que le obliga a devolver a sus hijos a su ex y que por tanto no es firme. Se trata de un requisito necesario para ordenar la ejecución de sentencia en los asuntos de familia, según ha precisado a Europa Press la directora del área de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena y responsable del Centro de la Mujer de esa localidad, Francisca Granados.
Durante este tiempo, Juana Rivas ha reclamado a la Justicia que un equipo especializado reconozca a los menores y valore de nuevo su caso al atender que no se ha aplicado la normativa vigente en violencia de género ni las últimas reformas legales vinculadas al estatuto de la víctima. Alega que sus hijos no quieren regresar con su progenitor, especialmente el mayor, que lo ha expresado ante el Juzgado.
Rivas ha relatado en sus comparecencias públicas que "tuvo que escapar de la isla italiana Carloforte, en la que vivía con su expareja y padre de sus dos hijos" por estar "sometida a una situación insostenible de violencia psicológica y física". Según afirma, los menores "han sido testigos de todo ese dolor".
El padre ha utilizado el procedimiento de la Convención de La Haya que "estima sustracción ilícita de menores cuando se trasladan de un lugar a otro país sin el consentimiento o autorización de uno de los progenitores".
No obstante, los representantes legales de Juana Rivas afirman que "hay excepciones por riesgo importante a nivel psicológico o físico, así como por situación intolerable", además de que en España los niños "están amparados por la Ley de Protección del Menor que los ampara como víctimas también de estos malos tratos".
