Juana Rivas viaja a Italia para reencontrarse con sus hijos y acudir a la vista sobre su custodia

Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) investigada por supuesta sustracción de menores tras permanecer casi un mes ilocalizable sin acatar la orden judicial que le obligaba a entregar a sus dos hijos al padre, está volando rumbo a Italia para comparecer en la vista que se celebrará este martes en el tribunal de Cagliari sobre la custodia de los niños, de once y tres años.

El tribunal de Cagliari ha dictado un reciente auto por el que accede a la petición de los abogados de Rivas de que pueda visitar a sus hijos hasta el miércoles y pernoctar con ellos en el hotel donde se aloje, por lo que prevé recogerlos una vez pise suelo italiano.

Este auto, que sus abogados han conocido este fin de semana, ha sido determinante para que Juana "haya cogido fuerzas" para desplazarse a Italia, puesto que en un principio se barajó la posibilidad de pedir la suspensión de la vista por motivos de salud, dado que ha estado "muy mal la última semana", también anímicamente, según ha detallado a Europa Press uno de sus letrados, Juan Manuel Pérez.

Tanto Juana Rivas como su expareja, el italiano Francesco Arcuri, deberán comparecer ante el juez en el transcurso de esta vista que arrancará sobre las 9,30 horas.

La pretensión de sus abogados es que Juana consiga la custodia de los niños para que puedan volver a España y vivir con ella en Granada, teniendo el padre el derecho de visita, según ha agregado el letrado que junto, a José Estanislao López Gutiérrez y Juan de Dios Ramírez, representa a la madre de Maracena.

Juana Rivas tratará de exponer también ante el tribunal de Cagliari los malos tratos que presuntamente padeció a manos de su expareja y que supuestamente le llevaron a abandonar la isla de Carloforte con sus hijos sin contar con el permiso paterno.

En la vista está previsto que se expongan además los informes que los servicios sociales italianos han realizado sobre los menores, entre otras pruebas aportadas por las partes.

Actualmente, Arcuri cuenta con la guarda y custodia provisional de los menores y Juana Rivas tiene derecho a un sistema de comunicación por videollamada diaria. Será a partir de este martes cuando la justicia italiana decida sobre la custodia y el régimen de visitas respecto a los pequeños, que permanecen desde finales de agosto en Italia, donde tienen fijada su residencia habitual.

VÍA PENAL

Al margen de este proceso por la vía civil, Juana Rivas está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por supuesta desobediencia judicial y sustracción de menores después de que saliera de Italia con los niños sin el permiso paterno y pasara un mes ilocalizable incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos a su expareja, Francesco Arcuri, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar.

La investigación se encuentra "muy avanzada", a la espera de una serie de informes que permitirían el cierre de la instrucción, según han detallado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

En esta causa también han sido llamados a declarar como investigados la asesora jurídica y la psicóloga del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados y Teresa Sanz; así como los padres y los dos hermanos de Juana Rivas para averiguar su posible participación en los hechos.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha acordado recientemente no reabrir la diligencias previas por supuestos malos tratos en el caso de Rivas al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana.

La magistrada rechazó además adoptar las medidas cautelares que Juana Rivas solicitó a finales del pasado agosto, cuando pidió la reapertura de este procedimiento en España a tenor de unos presuntos malos tratos que se habrían producido entre los años 2013 y 2016 en Italia, donde ella tenía fijado su domicilio habitual.

El juzgado granadino alega que en este caso no se dan las situaciones previstas en la ley que regula la competencia internacional de los jueces y tribunales españoles respecto de hechos cometidos fuera del territorio español y descarta que la presencia circunstancial del padre de los menores en España --cuando vino a recoger a los niños-- en un momento muy posterior al de la comisión de los presuntos maltratos, justifique la jurisdicción española.