Juez mantiene la imputación contra altos cargos de la CHG por los vertidos de la cárcel de Albolote

El Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que investiga el caso de los supuestos vertidos ilegales de aguas fecales procedentes de la depuradora de la Prisión de Albolote (Granada), ha mantenido la imputación contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero Ortiz, y el comisario de Aguas de este organismo, Rafael Álvarez, por supuestos delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.

En un auto fechado el 3 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Miguel Ángel del Arco también mantiene la imputación contra el actual jefe de Calidad de las Aguas, Cándido Brieva, y rechaza de este modo la petición de sobreseimiento que había solicitado la Abogacía del Estado para estos tres altos cargos de la Confederación.

El caso fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo Juncal.

En el auto, que avanza este viernes el diario 'El Mundo', el juez se refiere al daño ambiental que las aguas residuales sin depurar de la prisión han provocado sobre el citado arroyo, contribuyendo al deterioro de las aguas del río Colomera. Lo hace basándose en los documentos periciales que apuntan a que estos vertidos suponen "un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales", la "integridad del ecosistema acuático" y "la salud de las personas expuestas", así como para las aguas subterráneas y los cultivos expuestos.

El presidente de la CHG es, según entiende el magistrado, el responsable último y principal de todas las decisiones adoptadas en relación a los vertidos procedentes del Centro Penitenciario de Albolote acaecidos en los últimos cinco años. Pese a ello, agrega, "decidió no imponer sanciones a Instituciones Penitenciarias, ni siquiera abrir expediente" por posibles vertidos ilegales.

"Al efecto, conocía, o debía haber conocido con un mínimo de diligencia, que existen documentos en los que la propia CHG reconoce la constancia de los vertidos fuera de los límites" durante "un amplio periodo de tiempo" que va desde 2009 a 2014.

"CONSTANCIA DE LOS VERTIDOS"

El Comisario de Aguas de la CHG, Rafael Álvarez, fue el "responsable directo de supervisar la concesión de la revisión de la licencia de vertidos" de la prisión y, según expone el magistrado, ha sido "perfecto conocedor del muy defectuoso funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y de los continuos vertidos ilegales realizados, sin haber adoptado las medidas oportunas establecidas en la Ley y en la autorización de vertidos".

Respecto al antiguo comisario de Aguas y actual jefe de Calidad de las Aguas, Cándido Brieva, imputado por un delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación, el magistrado sostiene que debería de haber adoptado la decisión de ordenar la suspensión de los vertidos, pues en un documento remitido a la prisión reconoció expresamente la existencia reitera de los mismos al arroyo Juncal entre 2009 y 2012 y fijó un plazo de un mes para que se le remitieran resultados y medidas.

Pasado el plazo sin que se le remitiera lo solicitado, "no adoptó medida de ninguna clase con el fin de impedir los vertidos, ni inició expediente sancionador contra el Centro Penitenciario ni revocó la autorización de vertidos" que se había concedido al centro.

En el caso también están imputados el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y el subdirector general de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel, por supuestos delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.

Junto a ellos, están imputados, entre otros, responsables del Gobierno andaluz, el administrador del centro penitenciario y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora.

Por este mismo asunto ya declararon en su día en calidad de imputadas la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria.

En la causa está pendiente una resolución del Tribunal Supremo sobre la solicitud de imputación de la exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo, dada su condición de aforada al ser diputada autonómica en el Parlamento de la Comunidad de Madrid.