A juicio la acusada de quedarse con 60.950 euros de una agencia de viajes

La inculpada creo un mecanismo para poder extraer dinero de la agencia sin ser detectada por el programa informático que maneja las reservas y pagos de la empresa

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto acoger este jueves, 7 de octubre, el juicio contra una mujer para la que la Fiscalía ha pedido cinco años de prisión y una multa de 3.300 euros por, siendo empleada de una franquicia de una agencia de viajes, radicada en Huétor Tájar, supuestamente haber creado un mecanismo para quedarse con hasta 60.951 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía la considera autora de un supuesto delito de apropiación indebida, en tanto que, "plenamente conocedora del funcionamiento de contratación por parte de los clientes", y "con ánimo de hacer suyas numerosas de las sumas dinerarias que le eran entregadas" creó dicho mecanismo.

Con él, supuestamente "pudo distraer parte del dinero sin que ello fuera detectado no ya por la propiedad sino también por el programa informático al que, de manera regular, tenía acceso la agencia con el fin de cotejar y comprobar el estado de las reservas y pagos a proveedores".

Para ingresar en efectivo el dinero que "diariamente se guardaba en la caja", la procesada, sin antecedentes penales, habría optado también por "cobrar depósitos a los clientes para reservas futuras" que "no contabilizaba en el sistema contable" de la empresa y tampoco habría guardado copia de las facturas.

Supuestamente optó también por "no llevar a efecto contrato de viajes combinados en las reservas que así lo requerían, contratar en nombre de la empresa" otros "a precio inferior del de venta al público o del ofertado por el mayorista" y "alterar las fechas de los servicios para cuadrar y contabilizarlos en el programa informático".

Habría abierto "la gran mayoría" de dichos expedientes "a su propio nombre pese a no ser la titular de estos" para contribuir a impedir "el control de los servicios contratados".

Sea como sea, supuestamente urdió un plan en que, a veces con ingresos en su propia cuenta, cuando un cliente contrataba un servicio, "aplicaba parte del mismo o el todo, no a cerrar ese expediente del nuevo contratante, sino a uno anterior ajeno a esa transacción y cuyo dinero se había apropiado".

Todo ello habría supuesto un perjuicio de 60.951 euros al titular de la franquicia, que recibió posteriormente 18.000 euros de la madre de la acusada.