A juicio este miércoles la acusada de quitar dinero a su tío recién fallecido en Otura
La Fiscalía solicita dos años de prisión por robarle mil euros de la cuenta bancaria "aprovechando" la confianza tras irse a vivir con él
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha señalado para este miércoles el juicio de un caso en el que la Fiscalía ha solicitado la pena de dos años de prisión para una mujer acusada de hacerse con mil euros de la cuenta bancaria de su tío a las pocas horas de que éste falleciera, "aprovechando" la confianza que había labrado meses antes tras irse a vivir con él a su vivienda de la localidad de Otura.
Concretamente, la mujer se fue a vivir en febrero de 2017 con este familiar, que era soltero y no tenía ascendientes ni descendientes vivos, un traslado de domicilio que la Fiscalía ya considera "sorpresivo" en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.
Una vez en el domicilio, "después de haberse ganado la confianza de su familiar y hasta el momento de su muerte", la acusada dispuso de diversas cantidades de dinero retiradas en cajeros automáticos e hizo compras usando la tarjeta bancaria que su tío le había entregado. Mantiene el fiscal que durante este tiempo "no existe acreditación de que la acusada hiciera un uso contrario a la voluntad" de su tío mientras estuvo vivo.
No obstante, a las "pocas horas" después de su fallecimiento acudió a retirar de un cajero 900 euros primero y 100 después con cargo a la cuenta de su familiar. El Ministerio Fiscal concluye que "no se ha justificado" que estas operaciones fueran autorizadas previamente por la víctima ni que el destino del dinero fuera el pago de una supuesta obra en la vivienda donde ambos residían.
Esta finca, de hecho, junto con el dinero de la cuenta corriente de la que hizo uso la acusada, constituía la herencia de los sobrinos de este hombre, tal y como se declaró tras la apertura de testamento. Los tres sobrinos perjudicados reclaman que le sean devueltas las cantidades en concepto de indemnización por el perjuicio económico que les ha sido causado.
El fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito de estafa agravada o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida y pide, en cualquiera de los dos casos, que la acusada sea condenada a dos años de cárcel y a una multa de 1.920 euros.