A juicio los acusados de vejar una vecina trans a la que instaron a abandonar el pueblo

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada celebra este jueves el juicio contra dos acusados de vejar y amedrentar a una vecina trans a la que instaron a abandonar el pueblo en el que residen con expresiones como "das asco" y "sobras hasta en este mundo", un caso en el que se enfrentan a una petición fiscal de hasta dos años de prisión.

En el momento en que ocurrieron los hechos, a principios de 2022, la víctima se hallaba inmersa en un proceso de transición para el cambio de sexo y presuntamente por este motivo los acusados se pusieron en contacto con ella a través de Whatsapp trasladando su intención de recibir un masaje.

Y es que, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía la víctima se anunciaba en varias páginas web como masajista. Los acusados le pidieron que les enviara fotografías suyas y su geolocalización para poder acudir a su casa.

Una vez que verificaron dónde vivía y su condición de transexual, comenzaron a enviarle mensajes de Whatsapp: "Puto trasveti, tienes dos días para irte (...) yo vivo por al lado y me das asco", comenzaba la conversación afirmando seguidamente que "hay niños viviendo en este pueblo" y "gente respetable" e instándole a "desaparecer".

Los acusados le daban dos días para marcharse y le hicieron saber que tenían su dirección bajo la amenaza de que irían en su busca para echarla. No sólo mantuvieron esta conversación con ella sino que hicieron uso de las fotografías que consiguieron mediante engaño y las distribuyeron por redes sociales.

Al día siguiente, a medianoche, uno de los acusados merodeó por el domicilio de la víctima, llegando a bajarse del coche y a asomarse por la ventana de la vivienda con la conversación de whatsapp y las fotografías en la pantalla del móvil. Sostiene el fiscal que con este comportamiento, el acusado dio más credibilidad a sus mensajes "haciendo ver que iban en serio" y que podían hacer realidad lo que le habían dicho.

La Fiscalía considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos constitucionales, concretamente un ataque a la dignidad personal por motivos de género e identidad sexual. Y pide penas de un año y tres meses de prisión para el primero de los acusados y de nueve meses de prisión para el segundo, así como multas de 1.620 euros.

Alternativamente, el fiscal califica los hechos como un delito contra la integridad moral y en ese caso solicita que los acusados sean condenados a una pena de dos años de prisión el primero de ellos y un año y tres meses para el segundo por estos hechos.