A juicio este martes dos agentes de seguros de Motril por quedarse con las primas de 46 clientes

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra desde este martes el juicio de un caso en el que la Fiscalía ha solicitado penas de cuatro años de prisión y multas de 3.240 euros para dos acusados de haberse apoderado con "ánimo de lucro ilícito", como agentes de seguros con oficina en Motril, en la costa de Granada, de las primas de las pólizas que habían simulado contratar para hasta 46 clientes.

Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press, los dos procesados, que están acusados por la presunta comisión de un delito de estafa agravada, o, alternativamente, de apropiación indebida agravada, y ambos con antecedentes penales, habrían actuando "de común acuerdo y valiéndose de su credibilidad empresarial" tras prestar sus servicios con distintas compañías.

Supuestamente "durante los años 2013 y 2014, simularon la contratación de numerosas pólizas de seguro de automóviles y hogar tanto con personas que requerían sus servicios por primera vez, como con antiguos clientes de la oficina".

Habrían tenido la "intención de generar en ellos la creencia errónea de que sus vehículos y hogares contaban con la correcta cobertura por la póliza de seguro concertada a través de ellos" y cobrado "en metálico" o con cargos "en sus cuentas bancarias los importes de los supuestos seguros contratados".

En este contexto, según el fiscal, "les hacían entrega de las pólizas y de los correspondientes recibos de cobro, firmados por los acusados o con el sello de la oficina, cuando, en realidad, actuaban con ánimo de lucro ilícito, pues no tenían intención alguna de que tales pólizas llegaran a formalizarse, sino que fueron incorporando a su patrimonio el dinero que obtenían de sus clientes".

Así, en algunos casos "directamente no comunicaban a las compañías la contratación de la póliza simulada" o bien "no procedían a liquidar los importes cobrados a sus clientes".

En otras ocasiones, los acusados supuestamente "facilitaban a las compañías aseguradoras un número de cuenta corriente donde cargar el importe de las primas de los seguros, todo ello a sabiendas de que la entidad bancaria en cuestión procedería a la devolución del recibo, pues unas veces no estaba domiciliado" y otras no correspondían los datos. Con todo, "las compañías aseguradoras fueron anulando por impago todas y cada una de las pólizas fingidamente concertadas".