A juicio un profesor de la UGR que se enfrenta a dos años de cárcel por espiar a su alumna
Supuestamente y "aprovechándose de su cargo, accedió al ordenador" que ella utilizaba en su despacho de un laboratorio ubicado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada
Europa Press
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto acoger este miércoles un juicio contra un profesor de la Universidad de Granada (UGR) para el que la Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y diez meses de prisión, acusado de haber espiado con un programa informático las comunicaciones a través de correo electrónico de una alumna a la que dirigía la tesis doctoral, y con la que "pretendía iniciar una relación sentimental".
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el 27 de junio de 2015, el acusado, como funcionario de la UGR y director de departamento y de la tesis de la alumna, supuestamente "aprovechándose de su cargo, accedió al ordenador" que ella utilizaba en su despacho de un laboratorio ubicado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada.
El objetivo fue, agrega el fiscal, "apoderarse de las contraseñas de las cuentas privadas de la víctima para así acceder a la información que en ellas había, ya que pretendía iniciar una relación sentimental con su alumna y necesitaba para conseguirlo conocer tales datos".
Sin el conocimiento de sus empleados, y con este fin, el procesado habría instalado un programa informático, que habría adquirido a través de un sistema de pago por Internet asociado a su cuenta de correo electrónico corporativo en la UGR.
De este modo, "la información personal" de la doctoranda "era enviada sin su consentimiento al correo electrónico facilitado por el acusado", detalla el fiscal, que agrega que, ante la "inminencia" de la lectura de la tesis doctoral, y "sin posibilidad de cambiar de director de la misma, la perjudicada sufrió un trastorno depresivo ansioso" por el que "requirió de baja médica".
Por todo ello, la Fiscalía lo acusa por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público, por el que interesa, además de la pena de dos años y diez meses de prisión, multa de 3.600 euros e inhabilitación absoluta durante seis años.
