La Junta atendió en Granada a 52 menores víctimas de violencia sexual durante el primer semestre

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha atendido en el primer semestre de 2021 a 52 menores, 49 de ellos niñas, en la provincia de Granada dentro del programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento a víctimas de violencia sexual con edades que están por debajo de los 18 años.

Según ha informado este miércoles la Junta en una nota, este programa atendió a un total de 575 menores en toda la comunidad andaluza, y el perfil de la víctima sigue siendo femenino, ya que las niñas representan al menos el 80 por ciento de los casos en Andalucía (460), un porcentaje que sube en la provincia de Granada.

Los datos constatan que la mitad de los casos que son derivados a este programa específico, tanto en evaluación como en tratamiento, se producen en el ámbito familiar de las víctimas. Es una iniciativa pionera puesta en marcha, con una trayectoria de más de 20 años, para "intervenir con niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido abusos y con sus familias".

"La violencia sexual constituye uno de los problemas sociales más graves a nivel mundial", ha detallado la consejera Rocío Ruiz, que ha puntualizado que "aunque causa graves daños y traumas en los niños y niñas, su detección es compleja debido al habitual secretismo que la acompaña, al cometerse la mayoría de los casos dentro del entorno familiar o cercano".

No obstante, ha incidido en la buena salud de la que goza este programa, "ya que los abusos sexuales a menores ya no se ocultan, sino que se denuncian, lo que demuestra el interés por proteger a niños, niñas y adolescentes".

En este sentido, los datos correspondientes a los primeros seis meses del año 2021 corroboran que en el caso de la evaluación, la tipología más frecuente de violencia sexual de los nuevos casos se produce en el ámbito intrafamiliar, con 205 casos (un 49,16% del total en toda Andalucía), seguida por los 130 casos registrados en el ámbito extrafamiliar (31,18%).

La violencia entre iguales representa el 14,39% (60 casos). En la provincia de Granada se atendieron 34 casos en esta fase, 15 de los cuales corresponden al ámbito intrafamiliar, frente a los diez del extrafamiliar o los ocho detectados entre iguales.

Este patrón se repite en la fase de tratamiento, ya que con mayor frecuencia los expertos atienden situaciones de violencia sexual dentro del entorno familiar (52,87% y 129 casos), seguida de la producida en el ámbito extrafamiliar (25% de las situaciones, 61 casos).

Los abusos entre iguales que se atienden en esta fase de tratamiento representan el 16,39% de las situaciones (40 casos).

De nuevo, de los 28 casos atendidos en Granada, 17 corresponden al ámbito intrafamiliar y seis al extrafamiliar, mientras que en otros cuatro se trató de violencia entre iguales y en un caso hubo más de un tipo de violencias.

El balance del programa constata además un aumento significativo en el número de pruebas preconstituidas, que han ascendido en este primer semestre del año a 81. En Granada se realizaron un total de nueve pruebas, lo que supone el 11,11% del total regional.

Se trata de aquellas actuaciones sumariales, principalmente testimonios de las víctimas, a las que se les atribuye eficacia probatoria para su uso en el proceso judicial siempre que en su realización cuenten con las garantías legales de los medios de prueba.

Esta práctica evita la revictimización de los niños, niñas y adolescentes en el juicio, al no tener que recordar y explicar en diferentes ocasiones lo vivido.

"Estas cifras nos demuestran la importancia de que desde el ámbito judicial se tome cada vez más conciencia de la importancia de realizar estas pruebas, en favor de los derechos de los niños y niñas víctimas, para evitar que vuelvan a pasar por todo lo que supone declarar en un juicio", ha indicado la responsable de Igualdad y Políticas Sociales, que ha destacado que en la reciente Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, para este tipo de procedimientos se contempla el deber de practicar estas actuaciones con menores de 14 años que intervengan en condición de testigos.

La consejera Rocío Ruiz ha recordado que la infancia reúne unas características muy especiales de vulnerabilidad que requieren la articulación de un sistema basado en la prevención y la detección precoz que promueva la sensibilización social.

Por ello, y conforme a la "apuesta por un modelo que ponga en el centro de la decisión a los niños y las niñas" que contempla la Agenda de Desarrollo Sostenible 2020-2030, la Consejería de Igualdad ha actualizado la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía para garantizar su protección desde un enfoque de prevención.

Asimismo, el III Plan Andaluz de Infancia y Adolescencia, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de junio, prestará especial atención a menores que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como pobreza o exclusión, migrantes no acompañados, con discapacidad, con problemas de salud mental, víctimas de acoso escolar o de violencia sexual y del colectivo LGTBI.