La Junta estima que el PIB andaluz caerá un 2,1% por cada mes de paro parcial de la actividad

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un informe elevado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, que ha puesto de manifiesto que la situación económica actual debe afrontarse con un plan de actuación "sin precedentes" dado que, según los cálculos del Ejecutivo andaluz, el Producto Interior Bruto de Andalucía podría caer un 2,1% por cada mes de cierre parcial (situación actual) que se mantenga.

El informe analiza el impacto probable del cierre parcial sobre la actividad económica andaluza en el escenario menos desfavorable (un mes) y en el caso de que se extienda a dos meses. También hace una estimación sobre el peor de los casos posibles, que sería el cierre total salvo de actividades esenciales, según ha informado este jueves el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, tras participar en el Consejo de Gobierno.

En el caso de que el cierre parcial actual se alargue únicamente un mes, la economía andaluza decrecería seis décimas interanuales en 2020, frente al 1,5% previsto teniendo ya en cuenta el impacto de la crisis del coronavirus anterior al decreto de alarma. Si el cierre parcial se alargara dos meses, el PIB pasaría de una estimación de crecimiento del 1,5% a una caída del 2,7%. En el último escenario contemplado, el cierre total salvo actividades esenciales durante dos meses, el crecimiento económico se podría situar en el -6,1% para el conjunto del año.

Según el informe, estos datos deben ser tomados con "total cautela". La razón principal es que los modelos económicos tienen dificultades para estimar estos efectos dadas las magnitudes asociadas y a la no existencia de experiencia anterior. Además, resulta del todo "impredecible" la magnitud de la recuperación en el tercer y cuarto trimestre, y que pudieran llegar a compensar en parte los datos de la primera mitad del año.

Ante estas estimaciones, el Gobierno andaluz ha expresado que "se pueden y deben realizar todas las acciones necesarias para conseguir que la salida de la crisis económica provocada por el coronavirus sea lo más rápida y satisfactoria posible". "Si domina la inacción corremos el riesgo de que la salida se dilate y el coste se amplifique", ha subrayado Bendodo.

La Consejería de Economía sugiere en dicho informe mantener la economía durante el periodo de paro parcial "en coma inducido", si bien se debe actuar con la "mayor celeridad para mantener al máximo posible la producción". Para ello es necesario transferir los costes de producción en el tiempo y distribuirlos entre distintos agentes. Para transferir los costes en el tiempo considera adecuada una política de avales, moratoria en los impuestos, posibles créditos fiscales e incluso la financiación de circulante.

Para distribuir entre distintos agentes el coste, el departamento que dirige Rogelio Velasco considera que es necesario que las distintas administraciones asuman ciertos gastos, que luego se trasladarán a mayores déficits, "pero cuya importancia debe pasar en estos momentos a un segundo plano", indica el informe. En este sentido, el cambio en las reglas del juego planteado esta semana por la Comisión y el Banco Central Europeo, con aplicaciones flexibles del pacto de estabilidad, podría permitir estas acciones.

A juicio de la Consejería de Economía, es "imperativo" que el Gobierno español traslade esa flexibilidad a la regla de gasto y el objetivo del déficit de las comunidades autónomas.

PROPUESTAS AL GOBIERNO CENTRAL

Dadas las medidas de flexibilización fiscal y política monetaria de la Unión Europea parece que "no va a ser un impedimento para la adopción de medidas", por lo que la Junta ha considerado que es el Estado el que "debe desarrollar gran parte de las mismas, dejando a las comunidades autónomas y corporaciones locales complementar las mismas".

"El Gobierno central debe, en primer lugar, facilitar la posible desviación del equilibrio presupuestario. Además, la Junta ha articulado un paquete con cuatro bloques de propuestas. El primero, medidas de carácter financiero y de liquidez. El segundo, actuaciones para el mantenimiento de rentas, la protección social y la orientación presupuestaria. El tercero, medidas para el mantenimiento del empleo. Por último, medidas de refuerzo para la actividad empresarial", ha detallado el portavoz andaluz en rueda de prensa.

Las medidas de carácter financiero y de liquidez tienen como objetivo mantener con vida al mayor número posible de empresas, principalmente pymes. Además de los avales ya contemplados, desde Andalucía se propone al Gobierno que habilite una línea específica para la obtención de financiación de circulante e inversión para la implementación de soluciones digitales de urgencia que fomenten el teletrabajo y otros procedimientos vinculados a la modernización de las empresas. Como catalizador de dicha línea se sugiere a la Agencia Tributaria (AEAT), que podría aplicar tributación negativa (créditos fiscales) a cambio de un pago futuro con cargo a los diferentes impuestos.

La Junta propone, además, asegurar al sector privado liquidez a través del sector público como comprador de último resorte: el Estado (y las comunidades autónomas) podría convertirse en comprador de último recurso, esto es, adquiriendo todo lo que las empresas dejan de vender, a condición de que mantengan sus pagos a trabajadores, acreedores y proveedores.

Para ello, a juicio de la Junta, sería necesario que el Gobierno de España se decidiera a elaborar una lista de bienes y servicios sanitarios esenciales aprobando un Programa Extraordinario de Contratación que permitiera la compra centralizada de estos bienes y servicios críticos. Con este plan sería posible que las empresas españolas que pudieran hacerlo reorientaran su actividad productiva para proveerlos. En particular, y dada la cercanía al tejido productivo, las CCAA podrían coordinarse en esta materia con el Gobierno Central para gestionar de este modo compras asociadas a las necesidades actuales de suministros sanitarios fomentando de este modo la reorientación del tejido productivo.

PROTECCIÓN SOCIAL

En cuanto a actuaciones para el mantenimiento de rentas, la protección social y la orientación presupuestaria, la Junta ha propuesto una línea de emergencia de préstamos a hogares o acuerdos con las grandes empresas suministradoras de servicios básicos (luz, agua, gas, telecomunicaciones) para una moratoria en el pago de dichos suministros.

Las medidas para el mantenimiento del empleo incluirían ayudas estatales a la contratación (complementadas con ayudas autonómicas), a la protección de trabajadores despedidos por causa del Covid-19 que no perciben ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo, al pago de la tarifa plana de los autónomos o a la actividad de este último colectivo, siempre que mantengan su actividad durante un periodo que se establezca.

Las medidas de refuerzo para la actividad empresarial supondrían reforzar los servicios que se prestan desde entidades como Extenda, de cara al reforzamiento de la internacionalización, o nuevas ayudas para la modernización y transformación digital de las empresas.